Comisiones
Técnicas y del Políticas Publicas del PRSC realiza propuesta
Ante la visita del FMI: corregir el déficit fiscal por
vía del gasto, abrir espacio para una Revolución Tributaria
Saludamos la visita de la misión del FMI para iniciar
conversaciones conducentes a la normalización de las relaciones con ese
organismo, interrumpidas por el enorme déficit fiscal provocado por el gobierno
anterior con su dispendiosa y despilfarrante política de gastos.
Apoyamos la posición del gobierno de que de estas
conversaciones emane lo que se acuerde, lo que significa que ninguna de las
partes impondrá condiciones a la otra; especialmente aquellas de comprobada
inefectividad en el pasado para encarar los males que se pretenden superar como
la vana pretensión de equilibrar las finanzas públicas mediante impuestos
y endeudamientos manteniendo la política expansiva de gastos, especialmente
corrientes, sin cambios radicales.
Creemos que el déficit fiscal presente puede
corregirse más rápidamente y con reacciones sociales y políticas menos adversas
si se actúa al nivel del gasto, viabilizando que posteriormente se pueda
abordar un cambio profundo en la estructura tributaria para introducir en forma
sopesada y pactada con los agentes económicos y sociales, los cambios que se
necesita para fomentar lo que calificamos como una revolución tributaria
conducente a modificar lo vigente, simplificándolo, con miras a fomentar la
producción, productividad y equidad; así como reducir la evasión y castigar la
corrupción y el tráfico de ilegalidades: personas, sustancias y dinero.
Para avalar la factibilidad de esta afirmación
enumeramos un conjunto de medidas que podrán producir economías equivalentes al
déficit fiscal previsible:
Instituir un sistema para controlar el cumplimiento de
las medidas ya tomadas por el gobierno, como por ejemplo la limitación de los
gastos de representación financiados con tarjeta, a fin de dar una demostración
fehaciente de la firmeza de la austeridad adoptada. Decimos esto puesto que
mientras nuevos funcionarios circulan sin escolta, con un solo vehículo y
asisten a restaurantes populares; los ratificados continúan circulando con
flanqueadores y escoltas en jeepetas. Dentro de estas medidas sugerimos retomar
la práctica de publicar mensualmente los gastos del gobierno instituido durante
los gobiernos reformistas, abandonada por la pasada administración.
Reducción de la burocracia, incluyendo los organismos
descentralizados:
Ampliando la suspensión de funciones de
organismos inscritos dentro las siguientes características:
Aquellos carentes de referencias legales durante los
últimos 5 años hasta tanto sean sancionados por el Congreso o adscritos a un
ministerio por el MAP, previa reingeniería de las mismas
Los que fueron creados como organismos ejecutores de
acuerdos, programas o préstamos internacionales que ya han expirado como el
FEDA, PROCOMUNIDAD, Comisión de reforma del sector salud, etc
Los que no hayan cumplido con las normas y
requerimientos en materia de rendición de cuentas financieras establecidas en
las leyes vigentes
Aplicando la ley de función pública (41-08) eliminando
personal supernumerario sin recurrir a cancelaciones masivas:
Dejando sin efecto nombramientos irregulares (art. 33)
Suspendiendo aquellos empleados que no estén
cumpliendo las condiciones de trabajo establecidas en el art. 51 y
siguientes, como por ejemplo el cumplimiento de 30 horas de trabajo
Separando del servicio aquellos que han violado las
prohibiciones establecidas en el art. 80
Concentrando físicamente las dependencias dispersas de
un mismo organismo en torno a su sede principal.
Ciñendo las actividades de las instituciones a las
atribuciones establecidas en sus respectivas leyes, evitando apartarse de
ellas, agravándola en ocasiones con publicitar su desviación; aun cuando sea
para apoyar nobles iniciativas presidenciales como la alfabetización; en torno
a la cual varias entidades han anunciado aportar recursos potencialmente
traducibles en el desmedro de sus responsabilidades
Levantar auditorias de grandes contratos de
adquisiciones y contrataciones comparando sus pagos contra cantidades suplidas
y/o avances físicos en obras y suministros y así poder cuantificar ahorros en
pagos vía comparación con los montos excedidos y/o subestimación de entregas y
volumetría.
Economías obtenidas al eliminar el cobro de comisiones
en compras de bienes y servicios, contratos de construcción y tramitación
de pagos; ante la decisión presidencial de asumir el control directo de estos
procedimientos y el nuevo reglamento de compras.
Depuración de aquellas transferencias a organismos
descentralizados encubiertos a través de subsidios que terminan favoreciendo
intereses particulares, creando distorsiones perjudiciales a la economía como
en los casos de electricidad y transporte. Transparentando los mercados y
comercialización de éstos renglones pueden obtenerse economías de
aproximadamente la mitad del déficit fiscal como mencionamos a
continuación:
En el sector eléctrico bastaría aplicar las leyes
vigentes destinadas a liberalizar su comercialización atada a contratos
expirados en virtud de lo establecido en la ley 340-06 con miras a comprar
directamente a los generadores que ofrezcan energía más barata para así reducir
sustancialmente el déficit financiados con subsidios a este sector
En el sector transporte el gobierno debe dar ejemplo
de racionalización y abaratamiento mediante eliminación de subsidios
estimuladores del trasiego de combustibles, concentración de oficinas sugeridas
en 2.iii y el fortalecimiento del gobierno electrónico; alentando además la
implementación de un adecuado sistema de transporte público tomando como ejes
las líneas del Metro; adicionando medidas específicas como flexibilizar
horarios, rediseñar circulación, sincronizar y relocalizar semáforos, limitar
circulación privilegiada de funcionarios, eliminar escoltas motorizadas,
cumplir ordinariamente leyes vigentes en lugar de reservarlas para operativos,
etc..
Reenfocar subsidios sociales para que contribuyan
efectivamente a superar la pobreza mediante generación de puestos de trabajo en
lugar de condenar sus beneficiados perpetuamente a la pobreza y dependencia
estatal; así como depuración de los procedimientos de implementación vía
colmados para determinar en qué medida el subsidio se dirige a los propósitos
concebidos
Eliminar la fungibilidad financiera a favor de las
autonomías, entendida ésta como el asumir el gobierno central el financiamiento
directo de obras, suministros y servicios correspondientes a éstas sin
descontarlas del monto de las transferencias asignadas en el presupuesto;
eliminando así la sensación de que las autonomías disponen de “licencias para
gastar”
Renegociar la deuda para obtener disminuciones en el
pago de su servicio, especialmente la interna, que originó mas de 100
millones de RD$ diarios durante el primer trimestre del año en curso;
incluyendo la revisión y depuración de la deuda de suplidores de bienes o
servicios
Disposición del patrimonio no declarado por
funcionarios entrantes o salientes que no los hayan consignado en sus
respectivas declaraciones juradas de bienes a presentarse a partir del próximo
16 de septiembre al tenor de lo establecido en la ley 82-79, y en consecuencia
considerables ilícitos, hasta tanto se demuestre lo contrario.
Eliminación de gastos tributarios vía sacrificios
fiscales incurridos por el Estado como consecuencia de:
Concesiones de exenciones / exoneraciones no amparadas
en leyes y contratos aprobados por el congreso nacional
Evasión fiscal derivada de la aplicación
discriminatoria de leyes tributarias, incluyendo especialmente ITBIS y
aranceles,
Incorrecta interpretación de acuerdos comerciales
internacionales en lo referente a contingentes arancelarios. Lo recientemente
dispuesto sobre licitar importaciones, coadyuva a este propósito.
A estos fines nos encontramos en proceso de
elaboración de una matriz de economías obtenidas por cada una de éstas partidas
a fin de cuantificarlas para demostrar la factibilidad de reducir el déficit
fiscal hasta niveles manejables sin necesidad de nuevas imposiciones y para que
se tenga en cuenta al momento de elaborar el presupuesto para el 2013.
Con posterioridad a la disponibilidad de este
instrumento resulta imprescindible el funcionamiento sistemático del CONSEJO
ECONOMICO y SOCIAL recientemente propuesto mediante proyecto de ley presentado
por el Poder Ejecutivo para dar mandato a la disposición constitucional, en
torno al cual conviene destacar la designación de sus integrantes por las
organizaciones de la sociedad en lugar de estar fijados por decreto como
estipulaba el decreto 13-05 del gobierno anterior.
De esta manera, adoptándolo provisionalmente si fuese
necesario mediante decreto, este organismo estará en capacidad de abordar,
dentro de un adecuado clima de concertación genuinamente participativa, temas
tan cruciales como:
La revolución tributaria previamente mencionada,
partiendo de la reducción y universalización del ITBIS reinstituyendo las
exenciones en función del volumen de ventas de cada establecimiento y de su
ubicación en función de los mapas provinciales y urbanos de la pobreza
Una Reforma del Estado simplificando los
procedimientos para la obtención de permisos, tramitación, certificaciones,
pagos entre el Estado y los agentes económicos
Convertir la educación, partiendo de la voluntad
expresada en la alfabetización proclamada por el Presidente Medina, en meta
nacional
Relanzar la prioridad económica en torno a la
producción primara de bienes, partiendo de amenazas en la producción de granos
y concluyendo con la recuperación de nuestro nivel de competitividad afectado
por las calificaciones recientemente emitidas por el FORO ECONOMICO MUNDIAL.
Reorientar el funcionamiento de la CAMARA DE CUENTAS
función del mandato establecido en la constitución vigente
Revisión de normas de financiamiento para facilitar el
acceso al crédito por parte de los sectores productivos.
En la elaboración de éste
documento han participado las siguientes personas: Guillermo Caram, María
Asunción Gatón, Fernando Infante, Luisa Perera, Bernardo Bergés, Doris
Troncoso, Teófilo Isaac, Inés Bryan, Carlos Castillo, Cesar Rosell, Julio
García, Milvio Maechena M., Mario Peña, José Ramón Martínez, Ricardo Bello,
Gracita Garip, Jorge Matuck, Pericles Feliz, Miguel Reyes y Rómulo Urraca.
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