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jueves, 21 de agosto de 2025

Magistrado José Alejandro Vargas reflexiona sobre derecho sucesoral en conversatorio con maestrantes de la UASD

Destaca necesidad de incluir una reserva hereditaria en favor de los padres

 

Santo Domingo, R. D.- El Magistrado José Alejandro Vargas, juez del Tribunal Constitucional, sostuvo un conversatorio con los maestrantes de la Maestría en Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, coordinada por Trajano Potentini.

 

Durante el encuentro, Vargas compartió la reflexión expuesta recientemente en su cuenta de X, donde cuestionó que el Código Civil dominicano no contemple una reserva hereditaria en favor de los padres cuyos hijos fallecen dejando descendencia y bienes. “Ha llegado la hora de que nuestro derecho sucesoral se acerque verdaderamente a la equidad y al espíritu de justicia”, expresó.

 

El magistrado enfatizó que esta realidad deja en estado de vulnerabilidad a muchos padres que, en vida, dependían del sustento de sus hijos, por lo que abogó por una revisión legislativa que responda a principios de justicia y dignidad humana.

 

En el conversatorio el Magistrado reiteró la importancia que reviste el derecho constitucional y como este derecho toca todas las fibras de la sociedad dominicana, indicando que, todas las personas y órganos que ejercen potestades públicas, están sujetos a la Constitución como norma suprema y fundamento jurídico del ordenamiento estatal, explicando que al convertirse en “norma de normas” la Constitución transforma la naturaleza jurídica del Estado.

 

Finalmente, el profesor de la asignatura Pensamiento y Jurisprudencia Constitucional del máster, Smerly Rodríguez, también Letrado del Tribunal Constitucional, destacó la intervención del magistrado Vargas, calificándola como un aporte esencial al debate jurídico nacional. Subrayó que “estas reflexiones no solo tienen un impacto académico, sino que también despiertan conciencia sobre la necesidad de ajustar nuestras normas a la realidad social y al respeto de la dignidad humana”.

 

Con estos tipos de encuentros, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, auspicia actividades que fortalecen la formación de sus maestrantes, promoviendo el debate académico sobre temas de trascendencia nacional.

 

miércoles, 28 de mayo de 2025

Magistrado Vargas reitera capacidad del Tribunal Constitucional para corregir sus propias decisiones cuando actúa como legislador positivo

Santo Domingo, R. D. – En un contundente artículo de opinión publicado recientemente, el magistrado del Tribunal Constitucional José Alejandro Vargas, abrió un amplio debate en la comunidad jurídica al cuestionar la actuación de los tribunales constitucionales cuando, al interpretar la Constitución, adoptan funciones propias del legislador. El planteamiento del juez, gira en torno a la figura del llamado “legislador positivo”, donde los Tribunales Constitucionales no sólo declaran la inconstitucionalidad de normas, sino que también crean nuevas disposiciones de derecho, lo que —según el Magistrado Vargas— puede comprometer gravemente la seguridad jurídica, la legalidad, la supremacía constitucional y el principio de separación de poderes.

 

A través del artículo titulado “Acción de Inconstitucionalidad ¿Procede cuando los tribunales constitucionales actúan como legislador positivo?”, el juez constitucional hace un llamado a repensar el alcance de la jurisdicción constitucional en los Estados democráticos de derecho, especialmente en aquellos que adoptan la tradición jurídica continental.

 

Vargas sostiene, que los tribunales constitucionales deben limitarse a su función esencial, que es garantizar la supremacía de la Constitución mediante el control de normas contrarias a ella y la protección de los derechos fundamentales, sin sobrepasar los límites de su rol como intérpretes de la norma suprema.

 

El magistrado advierte que el fenómeno del “legislador positivo”, —por parte de los tribunales constitucionales —puede conducir a la petrificación de normas creadas por sentencia judicial, que luego el legislador ordinario no puede modificar, generando un bloqueo institucional y un posible déficit democrático. Por ello, propone considerar la posibilidad de habilitar la acción directa de inconstitucionalidad contra estas decisiones judiciales que, de facto, crean normas con efectos generales. Manifestando con ello, la capacidad de los Tribunales Constitucionales para corregir sus propias decisiones, es decir, si el Tribunal Constitucional dicta una sentencia —producto de una acción directa de inconstitucionalidad—, y sobrepasa los límites de su rol como intérprete de la norma suprema, puede corregir su error, mediante la interposición de otra acción directa de inconstitucionalidad, que verse sobre la materia tratada, y mediante una nueva sentencia, enmendar el error cometido.

 

El artículo destaca ejemplos concretos como el de la Corte Constitucional de Colombia, cuyas sentencias moduladoras han sido objeto de intensos debates. Haciendo mención de un caso ilustrativo el de la exención del IVA a ciertos regímenes pensionales, medida que fue validada por la Corte Constitucional de Colombia, y posteriormente revocada por dicha Corte, tras constatarse su impacto desigual, en beneficio de pensiones más altas, lo que vulneraba el principio de igualdad. Este cambio de criterio pone de manifiesto, —según el Magistrado Vargas—, la necesidad de establecer mecanismos de revisión y corrección por parte de los Tribunales Constitucionales, en decisiones como las mencionadas anteriormente.

 

Asimismo, menciona que en países como México y Perú se han registrado discusiones similares sobre los límites de la justicia constitucional. Destacando que allí, el cuestionamiento gira en torno a la posibilidad de impugnar decisiones de los Tribunales Constitucionales cuando exceden su rol y asumen funciones legislativas, poniendo en riesgo el equilibrio de poderes y la estructura democrática.

 

Para el Magistrado Vargas, resulta imperativo establecer controles similares a los existentes en esos países, para las normas legislativas ordinarias, aplicables a las decisiones jurisprudenciales que tienen efectos normativos generales. Pues según él, “la finalidad no es debilitar la jurisdicción constitucional, sino reforzar su legitimidad y evitar que se erija en un poder autónomo sin contrapesos”.

 

Su artículo no solo plantea una advertencia, sino que abre la puerta a reformas estructurales que fortalezcan el Estado de derecho y garanticen una justicia constitucional más equilibrada y respetuosa del principio de legalidad. En un momento en que el debate sobre los límites del Tribunal Constitucional cobra fuerza en todo el país, el análisis del magistrado José Alejandro Vargas aporta una visión crítica y propositiva que podría marcar el rumbo de futuras reformas en el diseño del control constitucional en la República Dominicana.

 

domingo, 29 de enero de 2023

Magistrado Vargas dicta conferencia inaugural a estudiantes de Maestría de la UASD

CIUDAD UNIVERSITARIA, R. D.- En el marco de la apertura del programa de Maestría en Derecho Civil y Procedimiento Civil nivel Profesionalizante que coordina la maestra la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, Flor Zeneida Abreu, el Magistrado del Tribunal Constitucional José Alejandro Vargas, dictó la conferencia magistral titulada “Transversalidad del Derecho Constitucional y el Rol Rector en el Sistema Jurídico Dominicano”.

 

Además del magistrado Vargas, la mesa principal del evento estuvo integrada por el maestro Héctor Pereyra Espaillat, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, la maestra Juana Inés Ferreira, directora de la Unidad de posgrado de la FCJP, así como la coordinadora del máster.

 

Las palabras de bienvenida de la actividad, estuvieron a cargo del Decano Héctor Pereyra, quien, al referirse al Magistrado Vargas, resaltó su trayectoria en la judicatura, indicando que esta se ha caracterizado por las mejores prácticas de profesionalidad, imparcialidad, valentía e integridad. Del mismo modo puntualizó la importancia que reviste el derecho constitucional y como este derecho toca todas las fibras de la sociedad dominicana.

 

En su ponencia el juez de la alta corte matizó que, todas las personas y órganos que ejercen potestades públicas, están sujetos a la Constitución como norma suprema y fundamento jurídico del ordenamiento estatal, explicando que al convertirse en “norma de normas” la Constitución transforma la naturaleza jurídica del Estado.

 

El magistrado Vargas indicó que, la Constitución, como de hecho afirma el Presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Dr. Milton Ray Guevara, termina por impregnar, irrigar o penetrar “en el resto del ordenamiento jurídico, impactando con ello la forma misma de entender el derecho”.

 


En palabras llanas, el juez de la alta corte, explicó que la transversalización es un término similar al de constitucionalización, en el sentido de que ambos, aunque de diferente factura terminológica, son consistentes con la “irradiación” y la “materialización” o trasvase del contenido constitucional al resto del ordenamiento.

 

Citando en ese sentido, lo que indica el Primer sustituto del Presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Rafel Díaz Filpo, respeto a la constitucionalización, quien ha dicho que esta representa la “materialización del derecho por medio de los principios constitucionales…”. Por lo que para el Magistrado Vargas en la transversalización, el Derecho Constitucional impregna todo el Derecho, reconociendo a esta disciplina una amplitud anteriormente desconocida porque su material de trabajo se fundamenta en la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y el entendimiento de la Constitución como norma suprema. Lo que se supone del proceso de transversalización es que todo el Derecho quede irradiado por el Derecho Constitucional.

 

Dijo que la jurisdicción constitucional, entiéndase Tribunal Constitucional, patentiza, con sus interpretaciones, la aspiración general a la convivencia digna y pacífica, en una comunidad nacional e internacional cuyo propósito sea es, respetar, promover y garantizar el respeto de los derechos fundamentales.

 

Finalmente, el Magistrado Vargas enfatizó, en que, no queda duda de que la “transversalización del Derecho Constitucional” hace referencia directa y evidencia su íntima relación a los derechos humanos y fundamentales, asumidos como objetos de su protección.

 

La actividad tuvo lugar el jueves 26 del presente mes en horario de la tarde, teniendo como escenario el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y contó con la participación de los cursantes de la maestría, así como también de estudiantes y profesores de derecho de la UASD y otros invitados especiales.