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martes, 18 de octubre de 2022

Presidente de Fedomu advierte sobre inconstitucionalidad proyecto Ley Ordenamiento Territorial

SANTO DOMINGO, R. D.- El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Kelvin Cruz, afirmó que debe quedar claramente definido y establecido en el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, aprobado en primera lectura por el Senado, que la potestad de regular y gestionar el uso de suelo y ordenamiento territorial municipal corresponde a los ayuntamientos.

 

En una carta dirigida a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, sostuvo que ese proyecto de ley “debe incluir las disposiciones pertinentes a las tres escalas de la planificación como la nacional, regional y municipal, así como la interrelación entre los diferentes entes de la administración central y municipal.”

 

Agregó que el artículo 24 y sus párrafos, así como en el párrafo II del artículo 28 del referido proyecto de ley, se consigna la facultad de regulación del uso de suelo a los gobiernos locales de forma general, lo cual se interpreta de forma extensiva a todas las administraciones locales, tanto ayuntamientos como juntas de distritos municipales.

 

Explicó que, en el interés de prevenir conflictos de competencias, interpretaciones confusas y eventuales reclamos que, por la vía del Tribunal Constitucional, invaliden la legislación que emane del Congreso Nacional, Fedomu sugiere a la consideración de los respectivos plenos de las cámaras, que se incluyan en los citados artículos, párrafos orientados al esclarecimiento de esta cuestión.

 

“Eso está amparado en el punto de vista del Tribunal Constitucional en materia de autonomía, ordenamiento y uso de suelo municipal, conforme reza en las sentencias TC/067/13, TC/0152/13 y TC/085/22”, interpretando en la Constitución a la luz de la legislación municipal.

 

Cruz indicó que el Tribunal Constitucional, en la Sentencia TC/067/13, consideró que “para hacer más efectivo el ejercicio del gobierno de los ayuntamientos dentro de sus municipios, en el literal c), del artículo 7, de la referida Ley, han sido establecidas las juntas de distritos municipales como órgano desconcentrado del ayuntamiento, las cuales ejercen el gobierno sobre los distritos municipales, por lo que devienen en un instrumento de subdivisión administrativa que permite a las alcaldías el manejo pleno de los municipios”.

 

A juicio del presidente de Fedomu, esta interpretación del Tribunal Constitucional es cónsona con el artículo 12 de la Constitución, que al desarrollar la división político administrativa del territorio dominicano consigna que este “se divide políticamente en un Distrito Nacional y en las regiones, provincias y municipios que las leyes determinen”, indicando que “las regiones estarán conformadas por las provincias y municipios que establezca la ley”, sin considerar a los distritos municipales como parte de la división política en razón de su condición de ente desconcentrado de los ayuntamientos.

 

Cruz señaló el apoyo de Fedomu para que el proceso correspondiente a la aprobación de la legislación concerniente a la materia “culmine a la mayor brevedad y podamos fortalecer la gestión del Estado dominicano sobre el territorio y el bienestar de nuestros conciudadanos, como lo ha planteado el presidente Luis Abinader”

 

El presidente de Fedomu dijo estar confiado en que estos detalles serán corregidos en lo adelante, para que la “legislación finalmente aprobada sea robusta, legalmente racional, legítima y se eviten iniciativas de inconstitucionalidad en el marco de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en varias sentencias”.

 

Afirmó que Fedomu estará vigilante y en pie de lucha para defender los municipios en los temas que vulneren sus competencias y limiten su autonomía.

 

 

lunes, 10 de mayo de 2021

Fedomu y Fedodim solicitan al TSA eliminar resolución afecta empleados gobiernos locales


 

SANTO DOMINGO, R. D.- La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim) solicitaron al Tribunal Superior Administrativo (TSA) la eliminación de una resolución emanada en el anterior Gobierno, la cual fija el salario mínimo cotizable en RD$10 mil pesos para todos servidores públicos, incluidos los gobiernos locales.

 

El presidente de Fedomu y alcalde del Ayuntamiento del municipio de La Vega, Kelvin Cruz, y el director ejecutivo de Fedodim, Pedro Richardson, expresaron que es inaceptable poner en vigencia una resolución que desde la publicación del decreto que emitió el Gobierno pasado nunca se había aplicado, manteniendo una prórroga por un tiempo de un año y medio hasta el término de la pasada gestión gubernamental y que ahora el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) quiera ejecutar dicha resolución cuando apenas inicia esta nueva gestión de Gobierno y más aún que en tiempos de pandemia hayan dejado fuera de la cobertura de la seguridad social unos 150 mil empleados municipales, violándoles un derecho que por ley les asiste. 


 

Cruz y Richardson señalaron que luego de agotar un proceso de diálogo y sensibilización ante el CNSS para revertir esa situación de irregularidad y no obtener los resultados esperados se han visto en la necesidad de acudir a las vías legales “para que el TSA ordene al CNSS dejar sin efecto la resolución de marras que afecta a unos 150 mil servidores de los gobiernos locales”.

 

Con ese objetivo, los directivos de Fedomu, Fedodim y en compañía de decena de alcaldes y directores distritales de todo el país depositaron este lunes ante el TSA un recurso contencioso administrativo en el que solicitan que sea eliminada la resolución y también una medida cautelar para que la misma sea suspendida en su aplicación  hasta que el tribunal conozca y se pronuncie sobre la demanda principal.

 

A la salida del TSA, el presidente de Fedomu declaró que el inconveniente obedece a que los gobiernos locales no fueron incluidos por el pasado Gobierno con la partida presupuestaria necesaria para cumplir con el aumento decretado el 1 de abril del 2019, el cual elevó el salario mínimo del sector público de 5,177 pesos a 10 mil pesos, generando una duplicación de la factura a pagar por concepto de la seguridad social a los gobiernos locales.

 

Además de Cruz y Richardson también participaron Ángel Valentín Mercedes, director ejecutivo de Fedomu, y varios alcaldes y directores de distritos municipales.