Mostrando entradas con la etiqueta Demandan. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Demandan. Mostrar todas las entradas

jueves, 21 de noviembre de 2024

Familiares de dos jóvenes asesinados a tiros en el sector Palavé exigen que se haga justicia en este caso


 

Señalan a un teniente de fragata A.R.D., como autor principal del crimen, asignado a la seguridad Bancaria de Banreservas, anda suelto, armado, desafiante y amenazando a familiares de los occisos.

 

Santo Domingo Oeste, RD.- Familiares de dos jóvenes asesinados a balazos en un centro de expendio de bebidas alcohólicas llamado Drink Los Ángeles, en el sector Palavé de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, exigen que se haga justicia en el caso de sus parientes, ya que señalan al teniente de fragata de la Armada Dominicana, como autor principal del doble asesinato ocurrido contra las víctimas, el cual anda suelto y armado, según denuncian.

 

Aseguran que en la muerte a tiros de Argenis Tamarez Cuduco, de 40 años de edad y Alberto del Orbe Sierra, de 37, respectivamente, participaron siete personas, incluyendo un alistado de la Policía Nacional y dos mujeres, sin embargo, señalan que el teniente de fragata de la Arnada, Marcelo Corniell, es el autor principal del doble asesinato y su hermano Manuel Corniell, alias El Peluquero, quien también participó en el trágico hecho, y este último es el único que está bajo arresto.

 

Refieren que el hecho ocurrió la madrugada del primero de agosto, tras un alegado rose entre Algenis Tamarez  y Marcelo Corniell, el cual fue provocado para lograr el trágico asesinato en el que desarmaron a Alberto Del Orbe Sierra, entres los hermanos corniell y sus  primos que le acompañaban, quienes estaban armado todos, atacando a balazos a los hoy occisos.

 

Ante esta situación, solicitaron a la procuradora general de la República, Magistrada Mirian Germán Brito, intervenir en este caso, ya que sospechan de que al teniente de fragata  y a otros cuatro imputados lo están encubriendo, ante la falta de respuesta por parte de la fiscal Yessica Ginaka Duran Echavarria, quien lleva el caso, a quien han hecho varias solicitudes de diligencias procesales y no han recibido respuesta.

 

En medio del clamor de justicia, solicitaron además la intervención del excelentísimo presidente de la República, señor Luis Rodolfo Abinader Corona, para que el caso no quede impugne.            

 

De igual manera, pidieron al comandante General de la Armada, Vicealmirante Agustín Morillo Rodríguez, interpelar al teniente de fragata  Marcelo Corniell, para que sea sometido a un juicio disciplinario y posteriormente enfrente la justicia por el hecho que se le imputa, ya que aseguran existen pruebas irrefutables de que el militar participó en el hecho de sangre como autor material, así como al Director de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, ya que un alistado de la Policía también está involucrado y anda suelto.

 

Reiteraron, que son siete los imputados en el hecho y sólo Manuel Cornielle, está bajo arresto con medida de coerción, por lo que exigieron que sean arrestados también el alistado de la Policía Nacional, así como Freilyn Pérez corniell  y Miguel Ángel Corniell, primos de los autores materiales y cómplice del echo, así como  un tal Olfani, las dos damas que acompañaban a los señalados autores, para que sean llevados ante la justicia.

miércoles, 19 de enero de 2022

Inversionistas extranjeros y locales demandan justicia en el país

Piden que caigan los jueces, fiscales, notarios y abogados corruptos, para seguir inspirando confianza.

 

Revelan que al igual que los altos mandos militares la ley también debe entrar por casa.

 

SANTO DOMINGO, R. D.- Inversionistas extranjeros y dominicanos demandaron del Poder Judicial y el Ministerio Público hacer valer sus derechos a los fines de erradicar la corrupción en dicha instancia de poder, y que le caiga todo el peso de la ley a los jueces, fiscales, abogados, notarios y demás funcionarios judiciales que cometan actos indecorosos en el ejercicio de sus funciones, para de esa manera poder seguir inspirando confianza en la sociedad.

 

La petición fue hecha por los empresarios norteamericanos Julián Rodríguez, Carol Jaramillo, la china HUANG KITTY QUA, así como los dominicanos Eduardo Vásquez Matos, Julio César  Núñez Alvarado y Continental Progreso Turístico, a través de su abogado Georges López Hilario, quien reveló que dichos inversionistas tienen varios años demandando justicia en el país, ya que fueron estafados en el año 2013, con alta suma de dinero, y también han sido víctimas del despojo de posesión, plantaciones agrícolas y robo de ganado.

 

López señaló que por este hecho fueron sometidos a la justicia en el año 2018, los  jueces del Tribunal Superior de Tierras de San Francisco de Macorís, Héctor Bienvenido de Jesús Cabral, Ramón Emilio Inoa Peña, Miguelina Vargas Santos, entre otros, a quienes imputan de dictar una ordenanza designando un secuestrario judicial de un inmueble en  base a fotocopias de contratos viciadas de falsedad, lo cual incluye los tipos penales de prevaricación, falsedad en documento público y privado, uso de documentos falsos, soborno, asociación de malhechores, abuso de autoridad y en el ejercicio de autoridad pública y legal, robo agravado, complicidad entre otras violaciones. También fueron sometidos los procuradores fiscales de Nagua, Braulio Duarte y Juan Antonio Mateo Ciprián, así como el notario Onésimo García Rosario  entre otros.

 

Al hablar en rueda de prensa previo al conocimiento del recurso de objeción elevado por las víctimas  querellantes y actores civiles, para que sean juzgados ante la jurisdicción privilegiada los jueces, fiscales, notarios  y abogados que han violado la ley penal, en detrimento de dichos inversionistas, López Hilario afirmó que llegó el momento de enviar una señal clara de que los privilegios deben acabar en el país, comenzando con la justicia.

 

‘Por eso, es que abogamos para que sean sancionados los miembros del Poder Judicial y Ministerio Público que prevariquen, en consonancia con lo establecido en el Código Penal dominicano el cual permite sancionar los ilícitos penales y actos de corrupción, pues la tendencia universal, cuyo fenómeno positivo también está ocurriendo en República Dominicana, es que no existan “vacas sagradas ni inimputables, sin importar que sean jueces, fiscales, senadores, diputados, pues si altos funcionarios del Poder Ejecutivo, legislativo y mundo militar son judicializados, también deben serlo los miembros del Poder Judicial y Ministerio público, lo que permite sanear y transparentar la justicia”, aseguró López Hilario.

 

Precisó que además, es inaceptable la historia de corrupción a lo interno del Poder Judicial lo que se ha significado que el pueblo aún en los tiempos actuales, no tenga confianza en la justicia, lo que revela que los jueces no son impolutos y su comportamiento no está teniendo el escrutinio social que esa investidura amerita.

 

‘Por tanto, el cambio debe llegar al fuero del poder judicial y órganos del Ministerio Público, para erradicar la corrupción, de lo cual históricamente, gestión tras gestión, se denuncia en todas sus manifestaciones, sin consecuencias jurisdiccionales, teniendo los jueces no probos como única sanción la destitución, lo que promueve el círculo de corrupción pues dichos funcionarios asumen el riesgo de su destitución por enriquecimiento ilícito.

 

Indicó que si falta la justicia, falta la democracia, la debilidad de nuestra democracia es directamente proporcional a la falta de justicia por seguridad jurídica, pero para erradicar la corrupción se requiere una voluntad indomable en la persecución de actos de corrupción sin escape y privilegios de ninguna índole, lo que es una lucha de todo los poderes del estado para poder garantizar la seguridad ciudadana en la República Dominicana.

 

 

 

martes, 31 de agosto de 2021

Demandan suspensión licitación para “estudio” sobre presa de cola anunciada por Ministerio de Energía y Minas


 

Dicen viola la Ley 64-2000, confunde el rol del Estado y lo convierte en subalterno de la minera Barrick Gold

 

SANTO DOMINGO, R. D.- La Comisión Ambiental y el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), demandó hoy la suspensión inmediata de la convocatoria a concurso para una supuesta “Evaluación Ambiental Estratégica” anunciada por el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, con el objetivo de determinar la instalación de un embalse de lodos tóxicos de Barrick Gold, por ser contraria al ordenamiento legal, absurda, carente de sentido y perjudicial para los intereses del país. 

 

En un comunicado remitido a los medios explican que el anuncio de la licitación para “seleccionar la posible ubicación de la nueva presa de cola de Barrick Gold” viola el ordenamiento legal en asuntos ambientales y los procedimientos de evaluación, colocando al Gobierno como “empleado” de la compañía, al tiempo que le resta autoridad para la aplicación de las leyes y la gobernanza ambiental.

 

Continúa diciendo el documento que es grave para la gobernanza del sector y para la transparencia institucional que el ministro de Energía y Minas haga este anuncio sin que se den a conocer los planes de la supuesta expansión de la minera, en caso de que hayan sido entregados al gobierno; y más aun, después que las autoridades del MEM y el propio ministro de Medio de Ambiente, Orlando Jorge Mera, han expresado que la Barrick Gold no ha presentado ninguna petición formal de solicitud permisos para tales proyectos. 

 

Considera la mencionada Comisión qu el ministerio de Energía y Minas y el de Medio Ambiente, deben asegurar, antes que nada, frenar toda la depredación ambiental y humana que realiza la Barrick Gold en Sánchez Ramírez y reubicar de inmediato las 450 familias amenazadas con ser sepultadas por la Presa de Cola de El Llagal y nunca autorizar la construcción de una nueva Presa de Cola en la Cuenca del Rio Ozama y la Loma de los Siete Picos, en Yamasá, ni la ampliación de la zona de explotación, a una  vasta extensión de más de 13 mil hectáreas mineras, dañando las fuentes de agua de Santo Domingo. 

 

El Gobierno debe anular de inmediato la convocatoria a licitación

 

“Esta etapa previa es responsabilidad absoluta del proponente. Si el Estado hace el análisis de alternativas y es quien ubica el sitio del proyecto asume, de hecho, las responsabilidades que corresponden al proponente y crea una distorsión inadmisible. Peor aún si se utilizan recursos públicos para hacer viable una obra privada que cuenta con un amplísimo y notorio rechazo social”, detalla el documento.

 

“Pretender que el Estado estudie donde determinada empresa puede desarrollar algún proyecto o componente de proyecto constituye una suplantación que invierte su rol en la regulación y gobernanza ambiental y que evidencia una absoluta inobservancia de los mandatos legales”, asevera el comunicado.

 

El análisis previo implica la valoración de estos elementos y puede concluir, si se presupone viable, con la elaboración de los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental, con su rechazo o con recomendaciones para hacer ajustes para poder entrar al proceso de evaluación. Incluye, además, un análisis de alternativas reales, además de aspectos de ordenamiento, permisos y regulaciones.

 

El gobierno solo tiene que cumplir y hacer cumplir la ley

 

El numeral 27 del artículo 16 de la Ley 64-2000 sobre Medio ambiente y Recursos Naturales al definir la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) dice: “es un instrumento de evaluación ambiental de las políticas públicas, actividades y proyectos sectoriales para garantizar la incorporación de la variable ambiental en los distintos sectores de la administración pública”.

 

En su artículo 39 esta ley establece que: “Las políticas, planes y programas de la administración pública, deberán ser evaluados en sus efectos ambientales, seleccionando la alternativa de menor impacto negativo. Se deberá realizar un análisis de consistencia con la política nacional sobre medio ambiente y recursos naturales. Cada institución hará sus propias evaluaciones ambientales estratégicas.  La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitirá las directrices para las evaluaciones, aprobará y supervisará el cumplimiento de sus recomendaciones”.

 

Como puede leerse en la Ley 64-2000, la EAE constituye un análisis ambiental de la totalidad de las políticas públicas antes de determinarse las prioridades de inversión. Apoya la integración de las preocupaciones ambientales en la planificación de la inversión pública y del desarrollo a largo plazo. El propio Banco Mundial se refiere a la EAE como “el instrumento para fundamentar ambientalmente las políticas públicas y establecer prioridades en la asignación de recursos”.

 

La Ley 64-2000, en su artículo 19, “crea el Consejo Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como enlace entre el Sistema Nacional de Planificación Económica, Social y Administrativa, el sector productivo nacional, la sociedad civil y las entidades de la administración pública centralizadas y descentralizadas pertenecientes al sector medio ambiente y recursos naturales, y como órgano responsable de programar y evaluar las políticas, así como establecer la estrategia nacional de conservación de la biodiversidad”.

 

Es al Consejo Nacional de Medio Ambiente a quien corresponde validar la EAE y velar por que las políticas, decisiones y asignaciones se correspondan con ella.

La EAE no puede sustituir los instrumentos de evaluación ambiental establecidos en las leyes, procedimientos y normas y mucho menos ser confundida con ellos.