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lunes, 14 de julio de 2025

Presidente Abinader continua ofensiva total contra la corrupción

RD$6,500 millones recuperados y RD$130,000 millones bajo investigación

 

Se siguen reforzando los sistemas anticorrupción y anti impunidad, con foco en la prevención, 287 casos de faltas administrativas remitidos al MAP y 49 casos de funcionarios públicos actuales llevados al MP

 

Santo Domingo, R. D.- El presidente Luis Abinader presentó este lunes los avances alcanzados para establecer un régimen de consecuencias en la República Dominicana y llevar a la justicia a toda persona “con acciones que le comprometa con la corrupción, sin importar quien sea ni el momento que sea”.

 

El gobierno busca sancionar el incumplimiento de la transparencia en todos los órganos y entes públicos bajo el Poder Ejecutivo y registra, a la fecha, 287 casos de faltas administrativas remitidos al MAP y 49 casos de funcionarios públicos actuales llevados al MP; también se han recuperado RD$6,500 millones del patrimonio público y hay más de RD$130,000 millones en casos en curso.

 

“Podemos decir que somos el primer gobierno que ha establecido un régimen de consecuencias a todos los niveles. Hoy estamos más firmes que nunca en la lucha contra la corrupción, en que no debe haber impunidad, en que se deben respetar los bienes públicos”, destacó Abinader.

 

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)

 

A través de esta, el gobierno promueve una gestión pública transparente, ética y orientada al bien común, que reconoce el derecho a saber del ciudadano y el deber de informar del gobierno.

 

230 instituciones fueron evaluadas entre enero y marzo 2025, de las cuales 211 obtuvieron entre 85-100 puntos, demostrando un alto compromiso institucional con la transparencia.

 

Hito en la transparencia

 

Por primera vez un gobierno emite un decreto que sanciona el incumplimiento de la transparencia (No. 166-25), el cual será aplicado a partir de septiembre y que establece la pérdida de beneficios extraordinarios y sanciones administrativas.

 

Asimismo, mediante el Decreto no. 791-21 las antiguas Comisiones de Ética Pública evolucionaron a Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento que operan desde dentro de las instituciones.

 

Más de 8 mil servidores públicos han sido capacitados para prevenir malas prácticas en contrataciones públicas, sobornos y gestión de riesgo de corrupción. Se han desarrollado 96 matrices de riesgo para detectar posibles vulnerabilidades a la corrupción y se trabaja para fortalecer el Sistema Nacional de Integridad Pública con la asesoría de Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

 

La DIGEIG realizó también el primer estudio sobre servidores electos, contactando a 195 instituciones de las cuales 139 respondieron, y de esas, 60 confirmaron tener servidores electos en los comicios municipales.

 

Faltas administrativas más comunes, denuncias y tiempos de respuesta

 

Entre 2020 y 2025 se enviaron 287 expedientes al Ministerio de Administración Pública por abuso de poder, acoso o maltrato laboral, nepotismo y duplicidad de funciones. Se remitieron 49 casos al Ministerio Público con un tiempo de respuesta promedio de 55 días, agilizando así los 90 días que se establecen en el manual. En estos procesos ha sido clave el involucramiento ciudadano, cuyas denuncias han dado paso a muchas investigaciones, aunque no todas resultan en sanciones.

 

 

Unidad Antifraude

 

La Unidad Antifraude de la Contraloría General, fundamentada en la prevención y la investigación, realizó, entre 2021 y 2024, 368 colaboraciones con la Procuraduría General, 31 acciones de prevención, 20 análisis financieros forenses y 72 análisis de denuncias.

 

Su éxito se debe a la robusta base de datos de la institución matriz y a la sinergia con demás órganos de control y persecución de la corrupción. Con el decreto 382-25 quedó formalizada como mecanismo preventivo técnico concebido para perdurar en el tiempo.

 

 

Procuraduría General de la República

 

En cuanto a persecución de la corrupción, existe mayor independencia y capacidad de actuación, permitiendo a la DGCP y la Unidad Antifraude procesar más de 600 solicitudes del Ministerio Público, existe además una coordinación efectiva entre los órganos de control y el Ministerio Público, para que los informes de auditoría se traduzcan en acciones judiciales concreta.

 

Como resultados tangibles, se han llevado a la justicia, en este y otro gobiernos, los casos Calamar, INTRANT: Pago RD, sobornos para temas de seguridad, agricultura, asfalto, CESTUR, Operación 13, MINERD e INAIPI (estos dos últimos en investigación).

 

 

Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)

 

En el área de prevención ha bloqueado la corrupción antes de que ocurra, con un monitoreo preventivo que permitió la supervisión de más de RD$853 mil millones para prevenir irregularidades antes que afecten al Estado.

 

Más de 517 procesos de compras sospechosas se cancelaron o detuvieron, protegiendo más de RD$43 mil millones y se han emitido 112,000 alertas a instituciones públicas para frenar comportamientos riesgosos.

 

También se implementó el Programa de Cumplimiento Regulatorio en 30 instituciones claves, cubriendo el 85% del presupuesto público, para mejorar la vigilancia y la rendición de cuentas en las compras del Estado y obligar la revisión de la integridad de los proveedores con 135 informes para evitar riesgos.

 

Los controles de tolerancia cero a la impunidad, han facilitado la suspensión de 567 proveedores por estar impedidos legalmente de contratar con el Estado, otros 144 fueron inhabilitados por fraude documental y violaciones graves a la ley. Se han emitido más de 618 respuestas a entidades de control y entregado 3,900 certificaciones a procesos investigativos y 13 casos han sido llevados ante el Ministerio Público.

 

La proactividad se pone de manifiesto con 16 investigaciones iniciadas sin necesidad de denuncias externas, suspendiendo 12 procesos y anulando 35, por un valor superior a RD$6,500 millones. Hay un 93% de respuestas a las solicitudes de reclamaciones con 0% de silencio administrativo; un 88% de éxito en la defensa ante el Tribunal Administrativo y 100% de éxito ante demandas temerarias de responsabilidad patrimonial.

 

Con el marco legal robusto se promovió la ley de Contrataciones Públicas con sanciones claras y se implementó el reglamento 416-23 para actualizar y fortalecer el sistema de compras públicas. También se creó el monitoreo preventivo, el código de pautas éticas, sistema de alertas y Siscompras.

 

Finalmente, con el Decreto sobre Gestión de Bienes de Consumo no. 385-25 se institucionaliza un modelo de gestión eficiente y articulado para los bienes y suministros de uso recurrente e inventariables en las dependencias del Poder Ejecutivo.

 

El mismo también fortalece la eficiencia y la transparencia en las contrataciones públicas, inteligentes desde el proceso de compra y garantiza la trazabilidad y el monitoreo preventivo en todo el ciclo de vida de estos bienes, desde la planificación hasta

su disposición final.

 

Dirección General de Presupuesto (DGP)

 

Para garantizar un uso responsable de los recursos públicos, se realizó un compromiso con la eficiencia, el ahorro y la transparencia, fortaleciendo el sistema presupuestario y la contención y racionalización del gasto.

 

Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP)

 

Este se creó mediante decreto en 2021 con respaldo presidencial e interés nacional para recuperar los bienes sustraídos al estado mediante acciones legales y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Cuenta con una estructura ágil, enfocada en resultados y sin carga presupuestaria directa al estado, es decir, sus integrantes cobran solo si recuperan activos.

 

El equipo está formado por expertos en derecho penal, administrativo, empresarial, civil y de ejecución. Funciona con autonomía, sigilo y respeto a los procesos judiciales y al rol del Ministerio Público y bajo un marco jurídico claro y resistente a impugnaciones.

 

Resultados obtenidos

 

Los logros financieros en este sentido son más de RD$6,500 millones ya recuperados (RD$3,500 millones en recuperación directa y RD$3,000 en caso EDES). Mientras, hay más de RD$130,000 millones en casos en curso, implicando una mejora en los indicadores de percepción sobre corrupción y fortaleciendo la confianza ciudadana y cambio cultural en la defensa del patrimonio público.

 

Retos enfrentados

 

Entre los retos enfrentados se enumeran: resistencia de funcionarios, acceso limitado a información internacional, presión de poderes fácticos y limitaciones legales y logísticas.

 

Para las labores de supervisión y control se realiza un monitoreo constante tanto en lo interno con la supervisión por una junta de coordinadores, también externo con una vigilancia del MP, tribunales y contrapartes, así como informes trimestrales evaluados por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

 

En cuanto a la implementación y destino de bienes, se da una colaboración interinstitucional con el Ministerio Administrativo, Hacienda y Consultoría Jurídica, depositando todos los fondos recuperados en la Tesorería Nacional y se transfieren al Estado los bienes muebles e inmuebles a través del Instituto de Bienes Incautados (INCABIDE).

 

Liderazgo internacional

 

El país ha tenido un gran liderazgo internacional ocupando la presidencia de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales de la OEA, del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) y la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública Iberoamericana (RTA).

 

Somos también el único país de Latinoamérica miembro observador del Comité de Contrataciones Públicas de Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

 

martes, 19 de septiembre de 2023

República Dominicana cumple con la implementación normas Convención Interamericana contra la Corrupción

Directora ejecutiva de la DIGEIG, Milagros Ortiz Bosch hizo entrega al ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza del informe de la Cuadragésima Reunión del Comité de Expertos MESICIC donde fue aprobado el cumplimiento de República Dominicana

 

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La directora ejecutiva de Ética e Integridad Gubernamental, doctora Milagros Ortiz Bosch, hizo entrega este martes al ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, de un informe de la Cuadragésima Reunión del Comité de Expertos MESICIC donde fue aprobado el cumplimiento de República Dominicana, del artículo XVI de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

 


Ortiz dijo que el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA (MESICIC), en su Cuadragésima Reunión, aprobó, el pasado jueves 14 de septiembre, el informe de evaluación del cumplimiento de la República Dominicana de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que contiene la implementación en el país de las recomendaciones que el MESICIC formulara durante la pasada Tercera Ronda de Evaluación, y la evaluación de la implementación del artículo XVI correspondiente a la Sexta Ronda.

 

“Durante la misma, los expertos representantes de los países de América han reconocido el amplio cumplimiento del país en temas relativos a Negociación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción (Artículo III, párrafo 7 de la Convención); Prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros (Artículo III); Soborno transnacional (Artículo VIII de la Convención); Enriquecimiento ilícito (Artículo IX de la Convención) y Extradición (Artículo XIII de la Convención), de igual modo evaluaron el tema del Secreto bancario (Artículo XVI de la Convención)”, expresó doña Milagros.

 

Agregó que en esa actividad, la representación de República Dominicana fue encabezada por la doctora Berenice Barinas, directora ejecutiva de la DIGEIG, experta titular del país y Vicepresidenta del Comité de Expertos del MESICIC , también estuvo integrada por la licenciada Nauel Bourtokan, directora de Investigación y Seguimiento de Denuncias de DIGEIG y experta alterna del MESICIC y la licenciada Ruth De los Santos, experta Ad Hoc ante MESICIC y directora general de Política y Legislación Tributaria del Ministerio de Hacienda.

 

Finalmente, resaltó que la República Dominicana ha tenido el interés y la voluntad de implementar las recomendaciones o requerimientos que han sido formulados a través de este mecanismo, en el cumplimiento de los compromisos establecidos en la Convención, esta labor ha fortalecido la prevención y las sanciones de las conductas inadecuadas, mejorando la gestión administrativa y los servicios públicos de calidad, tal como lo ordena la Constitución de la República y otras normas complementarias.


 

Por su parte, el Ministro José Ignacio Paliza felicitó el trabajo que viene realizando la DEGEIG en la evaluación de los diferentes procesos gubernamentales. ´´Este es el Gobierno que todos los dominicanos y las dominicanas desean, transparente, eficiente y llenos de pasión al momento de servir, estos son los resultados del esfuerzo de mucha gente que, dirigidos por el presidente, Luis Abinader, deseamos hacerlo bien en favor del país.

 

En el encuentro con la prensa celebrado en el Lobby del Palacio Nacional, estuvieron presentes la doctora Berenice Barinas, directora ejecutiva de DEGEIG, doctora Ruth de los Santos, directora general de Política y Legislación Tributaria del Ministerio de Hacienda, doctora Delta Paniagua, directora jurídica de la DIGEIG, licenciada Nauel Bourtokan, directora interna de Investigación y Seguimiento de las Denuncias de la DIGEIG y la viceministra del MAPRE, Dilia Leticia Jorge Mera.