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jueves, 21 de octubre de 2021

Deligne Ascención: Proyectos de infraestructura vial construye el MOPC generan plusvalía y motivan el desarrollo de urbanizaciones


 

BÁVARO, PUNTA CANA, R. D.- El ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, sostuvo que las obras de infraestructura vial que construye el Estado impulsan el desarrollo económico y representan una importante fuente generadora de valor para los inmuebles en áreas periféricas a las mismas.

 

Explicó que las avenidas de circunvalación que construye el MOPC para sacar el tránsito de las ciudades y disminuir el tiempo de conexión entre diferentes puntos del país generan gran plusvalía a los terrenos periféricos de las ciudades, posibilitando el desarrollo de proyectos de urbanización.

 

Resaltó que la cercanía de los terrenos a las vías construidas, se convierte en una de las variables esenciales para la determinación del precio de los terrenos, que se estima mediante diferentes métodos de cálculo. 

 

“Estos proyectos, diseminados en toda la geografía nacional, tienen un impacto extraordinario en la vida de los moradores de las comunidades beneficiarias”, destacó al pronunciar una conferencia con el tema “La Plusvalía de los Inmuebles por la Construcción de Obras Públicas en República Dominicana”, en el XXXV Congreso Panamericano ITADP/UPAV celebrado en las instalaciones Hard Rock Hotel Punta Cana.

 

informó que los proyectos de desarrollo vial que ejecuta el gobierno a través de esta institución sobrepasan los RD$70 mil millones.

 

Indicó que la legislación dominicana, a través de la Ley 115-75, establece un impuesto de una cuarta parte del valor agregado al inmueble, cuando éste derive una plusvalía por una intervención estatal.

 

“Esta ley señala en su artículo 1 que “Los terrenos urbanos no edificados que deriven una plusvalía de la construcción por el Estado de obras de infraestructura, tales como avenidas o urbanizaciones, estarán gravados con un impuesto de una cuarta parte sobre el valor agregado”, expresó.

 

“Desde esta perspectiva, la labor que desarrolla el MOPC es, sin dudas, un importante generador de plusvalía para los predios, y de riquezas para la población.

 Aunque señalamos que la frase ´obras de infraestructura´ no está restringida a infraestructuras viales exclusivamente”, afirmó.

 

La ley

 

Ascención explicó que en su artículo 3 la Ley 115-75 define que plusvalía, para los fines de esta contribución, es la diferencia del valor entre el último avalúo catastral anterior a la iniciación de las obras y el que se realice después de terminadas las indicadas obras de infraestructura.

 

Empero, a pesar de esa normativa, en República Dominicana no hay cultura del cobro del impuesto de la plusvalía, como existe en Colombia y en Brasil, por ejemplo.

 

La aplicación de esta ley podría ayudar al Estado a recuperar parte del dinero invertido para pagar las expropiaciones del mismo proyecto.

 

Aunque se conocen casos (fuera del país), en que la plusvalía generada ha alcanzado para financiar en gran medida el mismo proyecto generador de la plusvalía.

 

Es evidente que esta ley, que data de 46 años, necesita reformas en varios aspectos, tales como: establecer qué abarca el “área de influencia”; modificar el término “terrenos urbanos” para que sea más abarcador; modificar la forma de pago del impuesto, entre otros temas.

 

Explicó que la pavimentación de las calles en un barrio, sector o urbanización generan un mayor apetito comercial por los inmuebles del entorno, provocando, según se ha observado, un aumento del valor del metro cuadrado de terreno, que puede estimarse desde el 10% hasta más del 60% en algunos casos.

 

Expropiaciones

 

Ascención dijo que en la presente gestión, el MOPC ha pagado más de RD$1,300 millones en expropiaciones para  construir diferentes proyectos viales.

 

Explicó que el pago de las expropiaciones   de terrenos se hacen respetando los derechos constitucionales de los propietarios, previo el pago justo de su valor determinado por acuerdos entre las partes, por una sentencia de un tribunal.

 

Sobre el particular, consideró que ninguna persona puede ser privada de su propiedad, por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente.

 

Pero que en caso de declaratoria de “estado de emergencia” o de defensa, la indemnización podrá no ser previa.

 

Puso de ejemplo la construcción de la circunvalación de Baní, que tiene un presupuesto de 2,200 millones de pesos, pero que solo por expropiación de propiedades, se gastarán 800 millones de pesos.  

 

Dijo que al finalizar el presente año el MOPC habrá pagado más de RD$2000 millones en expropiaciones de terrenos para construir proyectos viales que representan un alto valor dentro del presupuesto de las mismas.

 

Dijo que constitucionalmente, el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad, la cual tiene una función social que implica obligaciones, además de que toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes.

 

Firma acuerdo

 

Para el desarrollo de los avalúos de los predios a expropiar, el ministro de Obras Públicas adelantó que se firmó un acuerdo con el Instituto de Tasadores Dominicano, Itado, que le entregó una placa de reconocimiento, por la contratación de sus asociados en los casos en que se requiera una segunda opinión, o que se dificulte llegar a acuerdo con los propietarios.

 

lunes, 3 de mayo de 2021

Juez ordena a fiscal del DN indagar por lavado al Aeropuerto Internacional de Bávaro de Hazoury y al presidente Colegio Abogados


 

SANTO DOMINGO, R. D.- El juez Rigoberto Sena Ferreras ordenó a la fiscalía del Distrito Nacional investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto Internacional de Bávaro a través de la empresa panameña CVC ONE de Abraham Hazoury Toral, originalmente propiedad de Miguel Surún, presidente del Colegio de Abogados. 

 

El propósito es determinar el origen de los recursos millonarios con los que se alega fueron comprados los terrenos para esa infraestructura y el cumplimiento de los requisitos impositivos.

 

El magistrado titular del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional emitió la sentencia el pasado 27 de abril, en atención a un recurso sometido por la empresa Mahoe Traiding, ante la tardanza de la fiscalía del Distrito Nacional en iniciar las “diligencias de investigación” demandadas hace dos meses.

 

La solicitud a la fiscalía del Distrito Nacional forma parte de una querella sometida el pasado 22 de febrero del 2021 por lavado de activos, asociación de malhechores y evasión fiscal, que involucra a Hazoury Total, Miguel Alberto Surún Hernández, Rafael Fernández de Castro, y a las empresas CVC ONE y el Aeropuerto Internacional de Bávaro.

 

La sentencia indica que acoge “la solicitud de realización de diligencias de investigación presentada por la empresa de comercio Mahoe Traiding LTD” cuyo abogado es el doctor Jorge Lora Castillo, por “haberse realizado la misma conforme a la norma procesal vigente”. El artículo 286 del Código Procesal Penal faculta a las partes en conflicto a “preponer diligencias de investigación en cualquier momento del procedimiento”.

 

El juez además: “Ordena al ministerio Público disponer las diligencia de lugar a los fines de que sean obtenidas las informaciones elevadas a través de la solicitud”. Establece que la fiscalía, cuya titular es Rosalba Ramos, no había respondido ni realizado gestión alguna, casi dos meses después de presentada la querella contra las empresas y personas citadas.

En sus motivaciones, el magistrado Sena Ferreras refiere que las diligencia de investigación es “referida a la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana y a la Dirección General de Impuestos Internos, para que estos emitan la situación y manejo de productos financieros, así como los pagos y registros del pago de la parte acusada”, pero no se recibió respuesta, entendiéndose esto “como una negativa ante la solicitud”; situación en la que el solicitante tiene derecho a acudir a un juez de instrucción para que decida sobre la petición.

 

Observa el juez que, “no existiendo obstáculo ni violación penal para que el ente persecutor haya dado respuesta ante tal solicitud hecha”, aún la fiscalía alegue que la parte querellante “no individualizó ni justificó” su pedimento, dicha solicitud está más que clara” en el escrito de la querella existente.

 

POR QUÉ LA QUERELLA

 

El apoderado legal de Mohoe Traiding, doctor Lora Castillo explicó, y está incluido en las motivaciones de la querella, que esta empresa adquirió en el 2007 un solar en los “Farallones de Trump” de Cap Cana por más de US$2.9 millones, en una actividad de venta organizada por ese grupo económico en el cual recolectó más de US$300 millones, pero no cumplió con el compromiso de construir allí casa club, campos de golf, hoteles y toda las instalaciones de este tipo de proyectos.

           

El contrato, dijo, incluía una cláusula arbitral para dirimir las reclamaciones, por lo que después de mucho esperar y solicitar la devolución de lo pagado, se acudió a la corte arbitral de la Cámara de Comercio de Santo Domingo. En diciembre del 2020, casi tres años después de iniciado el proceso, Cap Cana fue condenada a devolver los US$2.9 millones y pagar más US$567 mil de indemnización.

           

Lora señaló, que por las dificultades para cobrar se estudió todo el complejo entramado de sociedades comerciales locales e internacionales creado por Cap Cana, y se decidió actuar porque este grupo económico, que no cumple el resultado del arbitraje, es responsable de sospechosos procedimientos con una empresa que no tiene registradas actividades económicas ni pago de impuestos, la CVC ONE, que invirtió 117 millones de pesos en la compra de terrenos.

           

Propiedades, detalla, que CVC ONE vende más tarde por US$38.4 millones (RD$2.2 mil millones) al Aeropuerto Internacional de Bávaro; y como en julio del 2019 Surún había traspasado CVC ONE a Hazoury Total, y la venta de los terrenos se produjo tres meses después, en octubre del 2019, resulta que la compra venta la hicieron empresas con el mismo presidente.