El especialista en derecho electoral planteó mayores garantías para proteger los datos biométricos, preservar la información político-electoral y evitar su utilización con fines comerciales, partidarios o de campaña.
Santo Domingo. – El abogado y catedrático
universitario Pablo Vicente remitió al Pleno de la Junta Central Electoral
(JCE) un documento contentivo de propuestas, observaciones y recomendaciones al
proyecto de Reglamento para el Tratamiento de los Datos Biométricos y Datos
Personales Asociados a la Identidad de las Personas y la Provisión del Servicio
de Consulta, Verificación y Certificación de Identidad, actualmente sometido a
consulta pública hasta el próximo 16 de noviembre.
La iniciativa tuvo como propósito
contribuir al fortalecimiento jurídico e institucional de la propuesta
normativa, mediante observaciones orientadas a garantizar una adecuada
protección de los datos personales, el respeto a los derechos fundamentales y la
seguridad de los sistemas de identificación administrados por el órgano
electoral.
Entre los aspectos planteados por Vicente
figuraron el fortalecimiento de las garantías de los titulares de los datos, la
protección de la información biométrica, la soberanía y seguridad de los datos,
la independencia de los mecanismos de supervisión y la incorporación de
procedimientos claros para la presentación y resolución de reclamaciones.
Asimismo, propuso establecer mayores
garantías frente a las transferencias internacionales de información, preservar
el secreto bancario y profesional conforme a las disposiciones legales vigentes
y delimitar el acceso a los datos de naturaleza político-electoral, a fin de
evitar que la información del registro electoral pudiera utilizarse con fines
comerciales, partidarios o de campaña.
El especialista en derecho electoral
también consideró necesario reforzar los mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas, establecer responsabilidades institucionales ante
posibles incidentes de seguridad y ampliar los espacios de consulta pública,
incorporando la participación de la academia, la sociedad civil y las
organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos digitales.
«La modernización de los servicios de
identificación debe avanzar de la mano con la protección de los derechos
fundamentales. Los datos biométricos no son simples registros administrativos;
constituyen información personal que exige garantías especiales, controles
efectivos y una regulación respetuosa del ordenamiento constitucional», expresó
Vicente.
El catedrático universitario destacó que
sus recomendaciones constituyeron un aporte técnico y académico al proceso de
revisión del reglamento. Asimismo, valoró la importancia de la consulta pública
como mecanismo de participación ciudadana y exhortó a los sectores académicos,
profesionales y sociales interesados a aprovechar el plazo disponible hasta el
16 de noviembre para presentar sus consideraciones y contribuir al
perfeccionamiento de esta normativa.
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