El convenio contempla capacitaciones conjuntas y la difusión de propuestas para fortalecer el desarrollo económico del país.
Santo Domingo. - La Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia (ProCompetencia) y la Universidad del Caribe
(Unicaribe) firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional orientado a
contribuir al desarrollo económico sostenible desde los ámbitos académico,
científico, cultural y técnico.
El convenio fue rubricado por la
presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, María Elena Vásquez
Taveras, y el canciller de Unicaribe, José Alejandro Aybar.
Como parte de los compromisos asumidos, la
universidad incorporará la materia de Derecho de la Competencia en los
programas de grado de Derecho, Administración de Empresas, Mercadeo y carreras
afines. Asimismo, el acuerdo contempla el diseño e implementación de un
Diplomado en Derecho y Política de Competencia, cursos en línea (e-learning), y
la apertura de espacios de pasantías para estudiantes de Unicaribe en las áreas
técnicas del órgano regulador.
El marco de colaboración incluye además el
desarrollo de investigaciones educativas conjuntas, ciclos de conferencias y
capacitaciones especializadas para el personal docente, técnico y
administrativo de ambas instituciones.
Transformación legal hacia la era digital
Tras la firma del convenio, la presidenta
de ProCompetencia dictó la conferencia “La importancia de la libre competencia
para el desarrollo económico de la República Dominicana”, en la que destacó la
relevancia de este tipo de acuerdos.
“Desde ProCompetencia hemos suscrito
acuerdos de colaboración con diversas universidades del país, como el que hemos
firmado el día de hoy, conscientes de que la educación es la herramienta más
poderosa para construir una cultura de competencia sólida y duradera”, afirmó
la titular de la institución.
Vásquez Taveras explicó que hoy en día la
economía plantea nuevos desafíos, porque ya no se trata solo de crecer, sino de
hacerlo de forma sostenida, más inclusiva y con mayores niveles de
productividad.
En este contexto, señaló que la República
Dominicana se ha trazado una de las metas más ambiciosas de su historia
reciente: duplicar el tamaño de su economía para 2036, un objetivo que, según
explicó, demandará transformar la estructura productiva del país, impulsar la
innovación, invertir mejor, fortalecer las instituciones y elevar la
productividad de las empresas.
En ese sentido, enfatizó que el país
necesita adaptar su marco legal a los retos de la inteligencia artificial, los
algoritmos y las plataformas tecnológicas globales, superando las limitaciones
de la Ley 42-08.
“Hoy la República Dominicana enfrenta una
economía mucho más abierta, digital e interconectada, que exige nuevas
herramientas para preservar mercados competitivos. Porque el país ha cambiado,
los mercados han cambiado, la tecnología ha cambiado y la forma de competir
también ha cambiado”, expresó.
Vásquez Taveras advirtió que muchas
decisiones corporativas multinacionales, como fusiones y adquisiciones
negociadas fuera del territorio nacional, repercuten directamente en los
consumidores, comercios y MIPYMES locales. Explicó que este continúa siendo el
único país de América Latina sin un régimen general de control previo de
concentraciones económicas, vacío que busca subsanar el Anteproyecto de Ley
Orgánica Antimonopolio y de Competencia Económica presentado en febrero de este
año ante el Poder Ejecutivo.
“No se trata de una reforma más entre
tantas. Cada uno de los cambios que proponemos responde a una necesidad
concreta de nuestra economía. Esta reforma busca consolidar un entorno donde
las empresas puedan invertir con confianza, innovar con libertad y competir
bajo reglas claras, transparentes y previsibles”, puntualizó.
Asimismo, resaltó las acciones preventivas
y sancionatorias de ProCompetencia en materia de contrataciones públicas,
destacando el despliegue de herramientas innovadoras como el Semáforo Colusorio
y Analiza tu Pliego, que permitieron al órgano regulador obtener el primer
lugar en el Concurso de Abogacía de la Competencia organizado por la Red
Internacional de Competencia (ICN) y el Banco Mundial.
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