Las medidas incluyen amnistía tributaria; mantener programas sociales a sectores más vulnerables; eliminar anticipo a microempresas y las pequeñas lo pagarán en tres cuotas al año; aumento deducción por gastos educativos; congelar alzas de combustibles mientras el crudo no supere los US$95.
Santo Domingo. – El Gobierno dominicano
someterá al Congreso Nacional un proyecto de ley con una estrategia de nuevos
ingresos que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales como
respuesta a las presiones que la crisis internacional impone sobre las finanzas
públicas que, además, contiene medidas que vienen a fortalecer a las micro y
pequeñas empresas.
Durante una rueda de prensa, el ministro
de Hacienda y Economía, Magín Díaz, expuso los alcances de la iniciativa,
concebida en cuatro dimensiones: medidas pro-crecimiento, simplificación
tributaria, combate a la evasión y consolidación fiscal.
El Plan Anticrisis para la sostenibilidad
y la protección de la población frente a la crisis global busca fortalecer la
sostenibilidad de las finanzas públicas, preservar la estabilidad
macroeconómica y asegurar los recursos necesarios para sostener la inversión
pública, los servicios esenciales y la protección social. El funcionario afirmó
que “República Dominicana ha demostrado que puede crecer más que la región. El
desafío ahora es proteger lo construido, fortalecer nuestra estabilidad y
garantizar oportunidades para las próximas generaciones”.
El proyecto diseñó su arquitectura de
ingresos con una premisa explícita: no modificar el Impuesto a la Transferencia
de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) -ni su tasa ni su base-, no
alterar la mayoría de los impuestos selectivos vigentes sobre combustibles,
alcoholes, cigarrillos y telecomunicaciones, y excluir a las micro, pequeñas y
medianas empresas nueva carga tributaria.
La principal medida de consolidación
fiscal es una sobretasa de tres puntos porcentuales al Impuesto sobre la Renta
(ISR) Empresarial, que se elevaría a 30% durante tres años, aplicable
exclusivamente a los grandes contribuyentes con ingresos superiores a RD$1,000
millones anuales. Esa franja comprende poco más de 1,000 empresas de un
universo de 140,000 que presentaron declaración del ISR en 2025, equivalente a
menos del 0.8% del total.
A esa medida se suman el aumento marginal
del impuesto a los cheques y transferencias electrónicas de 0.15% a 0.2%; la
creación de un Impuesto Selectivo al Consumo para cigarrillos electrónicos y
vapeadores; el incremento de la tributación sobre casinos y juegos de azar; y
un aumento de diez dólares estadounidenses al impuesto sobre los pasajes
aéreos.
En el frente del combate a la evasión, el
proyecto habilita la percepción del ITBIS en la Dirección General de Aduanas
para importaciones de contribuyentes informales, amplía las retenciones del ISR
sobre sectores de difícil fiscalización, introduce mecanismos de trazabilidad
fiscal para bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles, y otorga al
Ministerio de Hacienda poder de veto sobre decisiones de leyes de incentivo,
para evitar abusos.
Alivio para clase media y pymes
La iniciativa contempla también
disposiciones orientadas a reducir la presión fiscal sobre segmentos de menores
ingresos. Para personas físicas, el proyecto ajusta por inflación el mínimo no
imponible del ISR personal -que no se actualiza desde hace aproximadamente una
década- y eleva el mínimo exento de RD$34,685 a RD$39,900, nivel suficiente
para cubrir el costo de la canasta familiar del segundo quintil de ingreso.
Asimismo, incrementa la deducción por
gastos educativos del 25% al 30%, y hasta el 50% cuando los gastos beneficien a
personas con discapacidad o trastornos del neurodesarrollo. Estas medidas
entrarían en vigor en enero de 2027.
Para las microempresas -que representan el
78% de las empresas que reportaron ISR en 2025 se derogan los anticipos del
impuesto. Las empresas pequeñas pasarán a realizar tres pagos al año en lugar
de doce. El sector agropecuario quedará exento de anticipos e impuesto a los
activos.
El proyecto deroga, además, figuras
tributarias anacrónicas: la ley que grava las hipotecas data de 1890; la ley de
impuesto a los fósforos, de 1935; y la ley de control de estampillas, de 1966.
Se eliminan también gradualmente los impuestos a la constitución de compañías y
al Impuesto Selectivo a los seguros de vida, medidas que el Gobierno califica
como obstáculos a la competitividad y a la formalización.
El Gobierno también pone de su parte
El criterio rector, según la presentación
del ministro, es "comprimir lo no prioritario, postergar lo no esencial y
preservar las funciones críticas del Estado". Explicó que en 2025 el gasto
corriente cayó 0.5% del PIB mientras el gasto de capital aumentó, y el gasto en
publicidad se encuentra en mínimos históricos, representando el 0.099% del PIB
y el 0.52% del gasto total en el período 2021–2025, por debajo del promedio
histórico de la década precedente (0.109% y 0.62%, respectivamente).
En ese mismo período, la Ley de
Responsabilidad Fiscal fue cumplida de manera holgada en su primer año de
aplicación, lo que le permitió al país colocar bonos soberanos a tasas
similares a las de México -nación con grado de inversión- e inferiores a las de
Colombia, con los márgenes más bajos de la historia para títulos comparables.
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