Experimentó una significativa reducción al pasar de 18.1 % en el primer trimestre de 2025 a 15.4 % en los tres primeros meses de 2026
Santo Domingo, R. D.– El Gobierno
dominicano reportó hoy que la tasa de pobreza monetaria general se ubicó en
15.4 % en el primer trimestre del 2026, para una reducción de 2.6 puntos
porcentuales al comparar con el mismo periodo del año anterior que fue de un 18.1
%.
Este resultado preliminar es consistente
con la dinámica de crecimiento económico observada en el mismo período, durante
el cual el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) acumuló una
variación de 4.1 %, sugiriendo que la expansión de la actividad productiva
contribuyó a mejorar los ingresos de los hogares más vulnerables.
Esta reducción también fue influenciada
por la disposición del aumento de los salarios mínimos sectorizados y no
sectorizados que fue ejecutada de abril del año pasado hasta febrero 2026 en
beneficio de los ciudadanos de menor poder adquisitivo.
Los datos están contenidos en la
infografía de seguimiento a las cifras preliminares de pobreza monetaria que
elabora el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), debidamente validadas por
la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Banco Central de la República
Dominicana (BCRD), institución responsable del levantamiento de los datos.
“Los ingresos laborales percibidos durante
los últimos 12 meses, comprendidos entre abril de 2025 y marzo de 2026,
reflejaron un incremento al comparar con los reportados entre abril de 2024 y
marzo de 2025. Esto permitió que la contribución del ingreso laboral a la
reducción de la pobreza alcanzara 3.74 puntos porcentuales, contrarrestando así
el efecto de la inflación”, explica el boletín.
Además, el informe destaca que la pobreza
rural sigue siendo mayor que la urbana al situarse un 4.0 puntos porcentuales
por encima, en vista de que la primera se ubica en 18.8 %, mientras que en la
segunda está en 14.8 %.
Se recuerda que la pobreza monetaria se
define como la situación de déficit que se manifiesta entre los ingresos de los
que disponen los hogares y los recursos que requieren las familias para
adquirir una canasta normativa de bienes y servicios.

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