Declaración Pública de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CAUASD)

DECLARACIÓN PÚBLICA

CAUASD valora positivamente la apertura de investigación penal sobre afectaciones en Áreas Protegidas y ofrece acompañamiento técnico al Ministerio Público.

 

La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CAUASD) pondera de manera positiva, responsable y esperanzadora el anuncio realizado por la Procuradora General de la República, magistrada Yeni Berenice Reynoso, mediante el cual instruye una investigación exhaustiva e inmediata sobre afectaciones, ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios en diversas áreas protegidas del país, incluyendo el Parque Nacional Jaragua, Bucanyé, Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo, Dunas de Baní y el Parque Nacional Hoyo del Pino, así como la ampliación de las indagatorias a los actos que hayan derivado en la emisión de títulos y acciones privadas que comprometan su integridad.

 

La trascendencia de esta decisión es mayor por tres razones fundamentales:

 

1.     Defiende el patrimonio natural como bien público: las Áreas Protegidas son soporte de biodiversidad, paisaje, cultura, suelos, bosques y costas; no son mercancía ni botín, sino garantía de vida y de soberanía ambiental.

 

2.     Protege la seguridad hídrica nacional: la integridad de los ecosistemas de montaña, humedales, dunas, bosques secos y bosques nublados está directamente vinculada a la producción, regulación y calidad del agua que consume la población y requiere la economía.

 

3.     Fortalece el Estado de derecho ambiental: investigar entramados, corrupción, falsificación, prevaricación y cualquier mecanismo que haya facilitado el apoderamiento de bienes naturales públicos envía un mensaje claro: la impunidad ambiental no puede normalizarse.

 

La CAUASD considera especialmente relevante que la fuerza de tarea especial, coordinada por el procurador adjunto Wilson Camacho e integrada por instancias especializadas del Ministerio Público y la Jurisdicción Inmobiliaria, disponga además la elaboración, junto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de un informe pormenorizado sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos medioambientales en las 134 áreas protegidas del SINAP. Este componente es crucial para ordenar evidencia, establecer patrones, identificar riesgos acumulativos, y construir decisiones con base técnica y legal sólida.

 

Disposición de acompañamiento

 

La Comisión Ambiental de la UASD reitera su plena disposición de acompañar este proceso y pone a disposición del Ministerio Público, de las instituciones competentes y del país su capacidad humana y técnica, incluyendo sus equipos de trabajo y sus especialistas en diversas áreas relacionadas con la investigación.

 

Reafirmamos que la defensa de las Áreas Protegidas no admite ambigüedades: es una causa de nación, de presente y de futuro. La UASD, como universidad pública, está llamada a contribuir con ciencia, ética y compromiso social para que la verdad se investigue, se documente y se sancione conforme a la ley, y para que se garantice la no repetición de prácticas que lesionan irreversiblemente el patrimonio natural dominicano.