En su intervención central, el Dr. Antoliano Peralta Romero destacó los últimos avances institucionales de la República Dominicana en torno al sistema de justicia, incluyendo los derivados de la reforma constitucional de 2024 y la reciente creación del Ministerio de Justicia
Santo Domingo.- En su calidad de consultor
jurídico del Poder Ejecutivo, así como de coordinador de la Comisión de
Implementación y Aplicación de la Ley núm. 80-25, Orgánica del Ministerio de
Justicia, el Dr. Antoliano Peralta Romero participó en el Diálogo de Líderes de
Justicia sostenido en el marco de la 10° Mesa Redonda Global de la OCDE sobre
Igual Acceso a la Justicia, celebrada del 12 al 14 de noviembre en la Galería
de las Colecciones Reales, en Madrid, España.
Durante su intervención advirtió que
“aunque aún queda mucho camino por recorrer, en los últimos años, la República
Dominicana ha dado pasos importantes hacia el fortalecimiento de su sistema de
justicia y, muy particularmente, hacia la reconstrucción de la confianza en sus
instituciones”.
Destacó de manera principal los avances
derivados de la reforma constitucional de 2024, entre los cuales citó el
robustecimiento de varios órganos constitucionales nodales para el sistema de
justicia.
El Consejo Nacional de la Magistratura, de
cuya membresía se excluyó al Procurador General de la República, para que este
actor de diversos procesos judiciales dejara de tener voz y voto respecto a la
designación de los jueces que eventualmente decidirían los casos llevados por
el Ministerio Público, así como para que su designación y la de la mitad de sus
procuradores adjuntos, correspondiera al propio Consejo, a propuesta del
Presidente de la República, en vez de la designación unilateral que
correspondía al alto mandatario anteriormente.
Enfatizó que a través de la reforma constitucional
se especializó el Ministerio Público en la investigación y persecución penal,
estableció un período de inamovilidad por dos años a sus titulares y agregó
como requisito para la designación de estos que no hayan ocupado puesto
directivo en algún partido político, ni hayan sido candidatos a algún cargo de
elección popular o hayan realizado proselitismo político notorio y constante,
durante los cinco años anteriores a su designación, todo lo anterior con el
propósito de afianzar la independencia del órgano respecto a los demás poderes
del Estado, particularmente al Poder Ejecutivo, que durante décadas lo manejaba
a su entera discreción.
También mencionó que se renovó la figura
del ahora denominado Abogado General de la Administración Pública, para que
esta institución encargada de representar al Estado en la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa cuente con una estructura y un personal acordes a
las exigencias de nuestros tiempos y “no solo presente calidades por el Estado,
sino que verdaderamente le represente en beneficio de la colectividad”.
El consultor jurídico dedicó los últimos
minutos de sus palabras para referirse a la reciente promulgación de la Ley
núm. 80-25, Orgánica del Ministerio de Justicia, institución que está supuesta
a iniciar funciones el próximo año, y la cual advirtió “viene a llenar un vacío
organizacional y administrativo, para convertirse en el vehículo de apoyo y
colaboración, desde el Poder Ejecutivo, al sistema de justicia, no
necesariamente como consecuencia de la reforma constitucional, pero sí como un
esfuerzo complementario a esta”.
La 10° Mesa Redonda Global de la OCDE
sobre Igualdad de Acceso a la Justicia, organizada por la OCDE, en colaboración
con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de
España, reunió a más de 40 países y organismos internacionales.
República Dominicana fue uno de los pocos
países que tuvo participación tanto del Poder Ejecutivo como del Ministerio
Público y el Poder Judicial, este último representado por una delegación
encabezada por el magistrado de la Suprema Corte de Justicia Samuel Arias
Arzeno.
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