Santo Domingo.- La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) advierte y rechaza categóricamente cualquier proyecto de ley que entre en contradicción con el artículo 204 de la Constitución de la República sobre la transferencia de competencias y recursos a los gobiernos locales desde el Estado, así como del decreto 734-22, dictado por el presidente Luis Abinader, que crea el Gabinete de Descentralización.
Se recuerda que el citado decreto tiene
por objeto transferir competencias y recursos de la administración central a
las administraciones locales.
En ese sentido, la entidad asociativa
señaló una posible inconstitucionalidad en caso de ser aprobado en la forma que
se ha presentado un proyecto de ley que ordena la creación de una Dirección
General de los Bomberos, bajo la dependencia del Ministerio de Interior y
Policía.
Esa propuesta se trata de un ejercicio
de recentralización que desconoce la competencia propia de los ayuntamientos
establecida en el artículo 19 literal c de la ley 176-07, el cual expresa que
“son competencias propias de los ayuntamientos la prevención, extinción de
incendios y financiación de las estaciones de bomberos”, así como el artículo
175 de la misma ley y el decreto 316-06, que dejan explícitamente establecido
que los cuerpos de bomberos son dependientes de los ayuntamientos.
Por lo que Fedomu, como entidad
interlocutora política de los gobiernos locales, que tiene dentro de su misión
la defensoría de la autonomía de los municipios, entiende que cualquier
iniciativa legislativa debe preservar el enfoque inicial que han tenido.
En ese sentido, “apostamos a la
dignificación y fortalecimiento del rol de los bomberos, así como a la
eficientización de sus servicios de atención a emergencias, ya que son entes de
relevancia mayor para la seguridad ciudadana, desde el gobierno más cercano a
las personas, el gobierno local”.
Igual sucede con el proyecto de ley que
busca crear la Dirección General de Cementerios, otro esfuerzo que desconoce
las competencias propias de los ayuntamientos, en este caso específico, las
abrogadas mediante el artículo 20 de la ley 176-07, que se refiere a la
prestación de servicios municipales. Esta propuesta, que además busca extraer
los fondos para el funcionamiento de esta dirección de los recursos de los ayuntamientos,
crea más organismos adscritos a la Presidencia de la República, en vez de ser
una iniciativa que transfiera competencias y recursos hacia los ayuntamientos,
como propone el decreto 734-22, que busca la implementación del artículo 204 de
la constitución.
Llama a preocupación el hecho de que
estas propuestas no solo entran en contradicción con la Constitución sino
también con el esfuerzo que realiza el Gobierno del presidente Luis Abinader
por fomentar el proceso de descentralización, marcando políticas muy claras que
apuestan al fortalecimiento del rol de los gobiernos locales en el desarrollo
del país y el bienestar de la gente en el territorio.
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