El objetivo es robustecer los planes y políticas de la actual Administración en favor de la prevención de la delincuencia y lucha contra la impunidad
SANTO DOMINGO, R. D.- El presidente de la República, Luis Abinader,
promulgó este 18 de noviembre la Ley núm. 361-22 que permitirá que de ahora en
adelante el robo sin violencia y sin armas pueda y deba ser perseguido de
oficio por el Ministerio Público, es decir, sin necesidad de que exista una
denuncia o querella por parte de la víctima.
Con esta modificación el indicado delito deja de ser un hecho punible de
acción pública a instancia privada, y pasa a ser simplemente de acción pública.
La ley promulgada modifica el artículo 31 de la Ley núm. 76-02, del 19 de
julio de 2002, que crea el Código Procesal Penal de la República Dominicana.
Esta disposición normativa responde a los datos estadísticos que dan cuenta
que las denuncias de los robos sin violencia y sin armas en espacios públicos,
negocios y hogares, son una de las conductas más recurrentes y perturbadoras de
la paz social.
Sin embargo, el modificado artículo 31 del Código Procesal Penal venía
generando que varios de esos hechos punibles quedaran impunes, debido a que
solo podían ser perseguidos por el Ministerio Público siempre y cuando
existiera el sometimiento de una instancia por parte de la víctima.
La conversión del robo sin violencia y sin armas en un delito perseguible
por iniciativa propia del Ministerio Público viene a robustecer el compromiso
del Gobierno del presidente Abinader en la puesta en ejecución de una política
Estatal contra la criminalidad enfocada en la prevención y en dotar al órgano
del sistema de justicia no solo de verdadera autonomía e independencia, sino
también de herramientas jurídicas efectivas que, en el marco del respeto a los
derechos humanos y al debido proceso, le permitan cumplir eficazmente con su
rol constitucional de formular e implementar la política del Estado contra la
criminalidad, así como de dirigir la investigación penal y ejercer la acción
pública en representación de la sociedad.
La puntual modificación, que entrará en vigencia a partir de su publicación
en la Gaceta Oficial, viene a robustecer los planes y políticas de la actual
Administración en favor de la prevención de la delincuencia y lucha contra la
impunidad.
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