El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó conducencia del testigo brasileño Mauricio Dantas Becerra, a quien le correspondía comparecer este martes
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público iniciará el próximo jueves 10 de diciembre la
presentación de las pruebas contra los seis implicados en los sobornos por
US$92 millones que la empresa constructora Odebrecht admitió haber pagado para
lograr la adjudicación de obras públicas en República Dominicana.
La presentación de las pruebas testimoniales estaba prevista para este
martes con la comparecencia de seis testigos ante el Primer Tribunal Colegiado
del Distrito Nacional, siendo el número uno el abogado brasileño
Mauricio Dantas Bezerra, quien había asistido a la audiencia anterior, el
pasado jueves, y en cambio no acudió hoy debido a que tuvo que viajar a su
nación.
Hoy también presentarían sus testimonios Marcelo Hofke, María Álvarez de
Maio, Carmen Álvarez de Maio, María Eugenia Batista y Dignari Rodoli, mientras
que el tribunal ordenó el retiro de la sala de otros ocho para que retornen
cuando le corresponda comparecer.
Al no encontrarse en el país para comparecer en el juicio, el Ministerio
Público solicitó que Dantas Bezerra fuera escuchado mediante videoconferencia,
lo cual fue rechazado por el tribunal, en virtud de que el testigo
tiene domicilio procesal en el sector La Esperilla del Distrito Nacional.
Tras la decisión de rechazar la participación virtual, el Ministerio
Público presentó un recurso de oposición para que fuera revocada dicha
decisión, lo que fue acogido de manera parcial por el tribunal, que aceptó
variar el orden de la presentación de las pruebas para iniciar con el testigo
número 2 y ordenar la conducencia del testigo número uno. Se resaltó que incomparecencia
de Dantas Bezerra fue injustificada, debido a que su citación regular y válida.
La solicitud para la comparecencia virtual del testigo estuvo amparada en
la Resolución 2463-2014 sobre el desarrollo de la
videoconferencia como herramienta de cooperación jurídica
internacional dictada por la Suprema Corte de Justicia, que prevé el uso de la
tecnología en estos casos, específicamente en los artículos 1, 2, 5 y 6.
Durante la continuación del juicio, el titular de la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca),
procurador adjunto Wilson Camacho, calificó de imprescindible la participación
de Dantas Bezerra como testigo ofertado por el Ministerio Público, tras
destacar que representó a Odebrecht en la firma del acuerdo de 2017, en el
que la empresa brasileña se comprometió a pagar US$184 millones por los daños y
perjuicios causados al Estado con el pago de US$92 millones en sobornos para
lograr la adjudicación de obras.
Junto al procurador adjunto Wilson Camacho, integran el equipo litigante
del Ministerio Público los fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la
Cruz, Joel López, Ángel Darío Tejeda Fabal, Wagner Cubilete y José Miguel
Marmolejos Vallejo, así como los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto
Guzmán Alberto.
El Ministerio Público reiteró que está preparado para demostrar los hechos
imputados y que cuenta con más de 1,700 elementos probatorios, entre ellos, más
de 20 testigos, incluyendo varios ciudadanos brasileños, con los cuales demostrará
las imputaciones sobre los sobornos hecha en contra de los seis encartados.
Con las pruebas dijo que demostrará las imputaciones contra del empresario
Ángel Rondón Rijo, exrepresentante del Odebrecht en el país, así como contra el
exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y
exsecretario de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga,
el expresidente del Senado Andrés Bautista García; el exsenador de San
Cristóbal Tommy Galán Grullón y el también exdirector de Inapa Roberto
Rodríguez.
El grupo es acusado de incurrir en los delitos de soborno, prevaricación,
lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de
activos, además en delitos de funcionarios que se mezclan en asuntos incompatibles
con su calidad y de complicidad de sobornos en el comercio y la inversión.
La acusación establece que los procesados violaron el Código Penal
Dominicano y la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06,
sobre Soborno.
Todas las solicitudes hechas por el Ministerio Público este martes, en sus
esfuerzos por procurar justicia, fueron rebatidas por todos los imputados,
quienes en todo momento pidieron al tribunal que fueran rechazadas.
Las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo ordenaron
la suspensión del juicio por lo avanzada de la hora y debido a que en dicha
sala se celebraría la audiencia para el conocimiento de medidas de coerción
contra los imputados del caso Antipulpo, por lo que ordenaron su continuación
el próximo jueves 10 de diciembre, a partir de las 9:00 de la mañana
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