SANTO DOMINGO, R. D.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este martes que abrió un proceso de investigación en torno al procedimiento de excepción por urgencia llevado a cabo por el Ayuntamiento de Boca Chica para la contratación de los servicios de recolección de residuos sólidos en ese municipio.
El órgano rector dijo que la decisión fue tomada tras
detectar irregularidades e inobservancias a la Ley 340-06, de Compras y
Contrataciones, en el proceso Núm. AMBC-MAE-PEUR-2020-0002, que fueron
informadas oportunamente a ese cabildo, desde el primer procedimiento de
urgencia AMBC-MAE-PEUR-2020-0001, mediante una comunicación vía correo
electrónico el pasado 19 de octubre y nuevamente el 19 de noviembre, que
también incluía un conjunto de recomendaciones.
La institución informó que se abocará a examinar el
impacto que pudieran tener las anomalías observadas en el pliego de condiciones
del referido proceso para verificar si se realizó en observación al principio
de juridicidad, así como de la normativa que rige las compras y contrataciones
públicas, al tiempo que verificará de oficio el cumplimiento o incumplimiento
de causales de nulidad absoluta o anulabilidad en el régimen de contrataciones
públicas.
En la comunicación dirigida al alcalde de Boca Chica,
Fermín Brito, la DGCP solicita que, en un plazo no mayor de diez días
calendario, el cabildo remita el informe justificativo sobre la legalidad del
procedimiento de contratación referenciado, tal y como dispone el párrafo II
del artículo 72 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, y los artículos 134
y 135 del Reglamento de Aplicación aprobado mediante el Decreto Núm. 543-12.
Asimismo, la institución informó que procederá a analizar
los documentos del referido expediente que consten publicados y/o hayan sido
generados en el Portal Transaccional.
La DGCP recordó que dentro de los documentos que deben
conformar el expediente administrativo de un procedimiento de excepción por
urgencia figuran un informe pericial que justifique la urgencia; una resolución
administrativa que declare la urgencia; solicitud de compra de la unidad
operativa; certificación de existencia de fondos; entre otros.
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