Santo Domingo, Rep. Dom.- La
Fundación Justicia y Transparencia (FJT), en ocasión de celebrarse en
Washington DC, el 161 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos (CIDH), participará en el conocimiento de una audiencia
temática, el próximo sábado 18 de marzo por el impacto negativo y criminal de
la minería en la República Dominicana. El referido periodo de audiencias
públicas tendrá efecto durante los días del 15 al 22 de marzo, con la presencia
de varios países, abordando lo más diversos temas y violaciones.
El sometimiento por ante la instancia de
protección de los derechos humanos busca poner de relieve las violaciones
recurrentes y reiterativas en la industria extractiva, puesta de manifiesto en
la conculcación a los derechos fundamentales de los dominicanos, concretados en
la poca transparencia en el acceso y manejo de la información extractiva, el
pasivo medioambiental sin remediar, la violación al derecho a la salud, las
expropiaciones de terreno con vocación minera sin el pago correspondiente a sus
legítimos dueños, el envenenamiento de las aguas y ríos, el desplazamiento de
comunidades por las devastaciones de la flora y la fauna, en fin todo el drama
social y humano que esto supone.
Los alegatos centrales estarán orientados
fundamentalmente a la actividad de explotación de la BARRICK GOLD y de la empresa
DOVENCO, esta última concesionaria para la explotación de los recursos de
bauxita en pedernales.
La FJT será representada por su presidente
Trajano Potentini, quien estará haciendo causa común con Guatemala
y Nicaragua, países que también serán escuchados por el alto organismo, con
similares propósitos a los de República Dominicana en sus respetivos contextos.
Asimismo suscriben la instancia de
sometimiento ante la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos (CIDH), el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la
UASD, el Espacio Nacional para la Transparencia de la Industria
Extractiva (ENTRE), con el apoyo de comunidades afectadas por la minería
de los poblados de La Piñita, Tocoa y el Yagal de la Provincia Sánchez
Ramírez,además de otras entidades procedentes de Perú, Nicaragua, Guatemala y
el acompañamiento y asesoría técnica del Due Process of Law Foundation
(DPLF), de Washington.
La delegación dominicana estará compuesta
por una representación de las comunidades afectadas, una institución
representativa del ENTRE y por el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas de la UASD, Dr. Antonio Medina Calcaño.
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