Santo Domingo.- Reclamos relativos a derechos adquiridos y
la protección de la actuación policial se han formulado con motivo de la promulgación
de la nueva ley institucional de la Policía.
En ese sentido, el pasado Jefe de la
Policía Nacional, mayor general retirado y profesor universitario,
doctor Manuel de Jesús Pérez Sánchez, considera que el
conocimiento y adecuada solución de esos retos son determinantes en la exitosa
implementación de la nueva legislación, para proteger eficazmente a
la ciudadanía ante el crimen y el delito, sin perjudicar a la familia policial
ni afectar sus derechos.
Asegura son seis los retos fundamentales a tomar en
cuenta al redactar los reglamentos a fin de actuar con justicia y equidad, para
mantener un clima propicio a la seguridad ciudadana.
El primero de esos retos es proteger la buena actuación
policial, para reproducir modelos de conducta apegados a la ética y a la
legalidad que enfrenten de manera enérgica, decidida y sin contemplaciones el
crimen y el delincuente.
No es generar privilegios como un fondo para el pago de
fianzas en favor del policía ni tribunales especiales; pero sí considerar que
se debe uno poner en el zapato del policía al momento de arriesgar su vida y su
libertad para defender y proteger a la sociedad; y entonces tomar las medidas
para preservar al policía de carne y hueso que sería privado de libertad
frecuentemente sin tener el dinero que no gana para pagar fianzas y abogados en
los tribunales judiciales: Bienvenidas las comisiones independientes para
realizar investigaciones públicas sobre quejas por in
conductas de los policías!
En segundo lugar, la mayoría de esos reclamos se refieren
a la necesidad de que se preserven derechos adquiridos a los que ingresaron a
la institución bajo el imperio de las leyes anteriores, con lo cual se evitaría
un voluminoso caudal de reclamos judiciales y que es perfectamente posible si
en los reglamentos se clarifica el modo y la forma de preservar esos
derechos.
En tercer lugar, también se espera que se
mantengan los subsidios por más de 36 millones al año en becas educativas y
otras conquistas, que forman parte del bienestar del agente de
policía, con fondos provenientes del Estado, lo que se puede lograr
organizando el Instituto de Bienestar Policial, ya que la nueva legislación no
contempla esos programas en beneficio del policía y su familia.
En cuarto lugar, igualmente, el problema de la ausencia
de plazas para ascenso, cuando por ejemplo hay cerca de 500 coroneles con una
edad promedio de 50 años, una oficialidad muy joven que impediría promover a
las nuevas generaciones.
En quinto lugar, la necesidad de apegarse al
escalafón al seleccionar al próximo Director General de la Policía y los altos
cargos de esa institución, promoviendo aquellos con mayor antigüedad en el
servicio.
En sexto lugar, el tema del retiro forzoso, establecido a
los 20 años para aquellos que han cometido inconductas en su
servicio y los que se han portado bien tienen que esperar 25 años para poder
solicitar su retiro voluntario, lo cual aparenta una iniquidad o al menos una
evidente injusticia.
Pérez Sánchez concluyó afirmando que el desarrollo
institucional es continuo, progresivo y permanente, como resulta imprescindible
para poder competir con la delincuencia, previniéndola, controlándola y
reduciendo a su más mínima expresión sus perjudiciales efectos en la calidad de
vida de ciudadanos y visitantes, por lo cual expresa su opinión en la mejor
buena fe de contribuir al desarrollo nacional y el fortalecimiento
institucional de la Policía Nacional.
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