SANTO DOMINGO, R. D.- La Fundación Justicia y
Transparencia (FJT), condenó la practica hoy casi generalizada de la clase
política dominicana, concertando acuerdos para favorecer la reelección
presidencial, prostituyendo y debilitando la democracia interna de los partidos
políticos y de paso cercenando la posibilidad y el derecho de sus militancia a
seleccionar en primarias sus mejores candidatos.
El presidente de la institución, Trajano
Potentini, dijo que en la actual coyuntura de aprestos reeleccionista y de cara
al venidero proceso electoral, los partidos políticos, fundamentalmente (PLD,
PRD y PRSC), hacen un flaco servicio a la democracia, al plantear un escenario
colectivo de repartición de cargos y reelección generalizada.
A juicio de Potentini con la reserva de la
mayoría de las candidaturas a cargo congresuales y municipales, las principales
fuerzas políticas del país han secuestrado el ejercicio de la democracia, en
desmedro de su propia militancia, sesgándole la posibilidad de acceder a un
cargo electivo por sus méritos, trabajo político y vocación de servicio”.
Sostiene que lo que ha imperado en las cúpulas
partidarias es la repartición de un botín de guerra, producto del saqueo de la
democracia dominicana, entregado en manos de los más connotados corsarios de la
política vernácula.
Afirmó que con esta medida de trueque los
partidos están lesionando el sagrado derecho que tienen sus adeptos, de
competir en igualdad de condiciones por una posición electiva en las próximas
elecciones de mayo.
Cree que los partidos políticos traicionan su
propia militancia y cometen crimen contra la democracia al reservarse a cambio
de la reelección presidencial la mayoría de las candidaturas, para ser
entregadas en pago al apoyo reeleccionista.
Vidal Potentini recordó a la clase política
dominicana que el derecho a elegir y ser elegido es un derecho con protección y
tutela constitucional, contemplada en nuestra actual ley sustantiva en el
artículo 22 numeral 1.
De ahí, dijo el jurista, que “estamos en
presencia de una grosera violación a derechos fundamentales y de falta a la
institucionalidad, características distintivas de un Estado Social y
Democrático de Derecho, tal y como lo consagra la constitución en su artículo
7.
La fundación alberga la esperanza de que los
políticos reflexionen y entiendan que las agrupaciones políticas no son
parcelas particulares de sus principales dirigentes, y que le den un uso justo,
racional y equitativo al monopolio absoluto que hoy por hoy en virtud de la ley
electoral, mantienen del acceso a las candidaturas a cargos electivos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Esperamos que su comentario contribuya al desarrollo de los gobiernos locales .