Santo Domingo, R. D.- Las autoridades del Ministerio Público, a
través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción,
manifestaron inconformidad con relación a los últimos descargos evacuados por
tribunales de diferentes jurisdicciones, en donde se han ventilado alegados
actos de corrupción.
La titular de la PEPCA, magistrada
Laura Guerrero Pelletier, considera que dichas acciones se constituyen en un
férreo obstáculo contra este flagelo generador de pobreza e impunidad en el
país.
“De nada sirve crear más leyes, ni
los reclamos de la sociedad civil y de fundaciones, así como el ejercicio
responsable de miembros de la prensa y el fortalecimiento del trabajo que
diariamente implementa el Ministerio Público, para que estos casos puedan
culminar exitosamente, si al final vamos a tener descargos, incidentes y
archivos de los procesos”, enfatizó Guerrero.
La funcionaria judicial aseguró que
se desarrollan grandes esfuerzos de cara a ir tecnificando y levantando
procesos muchos más acabados, por lo que reconoció que es un exceso de los
tribunales que cercena las garantías del Ministerio Público interpelarlo a que
presente las pruebas y ni siquiera se le da la oportunidad de presentarlas.
Laura Guerrero puntualizó que
“continuaremos trabajando con fe, por lo que solicitó el continuo apoyo de la
prensa y toda la sociedad civil”.
Entre los casos, citó la
sentencia dictada el 25 de agosto pasado por el Tribunal Colegiado del Juzgado
de Primera Instancia del Departamento Judicial de Puerto Plata, que
descargó a los directores municipales de la Junta Distrital de
Cabarete, Gabriel Antonio Mora Ramírez y Eddy Ramón Morfe de la Cruz,
quienes en el ejercicio de sus funciones cometieron actos de
corrupción que alcanzan la suma de RD$180 millones.
Otra de las sentencias es la del 31
de julio del 2014 en el caso de Luís Rafael Álvarez Renta, que declara
fundada una demanda de Habeas Corpus y concluye eximiéndolo del cumplimiento de
casi la mitad de la pena de 10 años, impuesta por sentencia firme e
irrevocable.
También citó la sentencia del día
10 del mes de julio del año 2014 que acoge una declinatoria por causa de
seguridad pública en el proceso seguido a Félix Manuel Rodríguez Grullón,
alcalde del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, que de acuerdo
a la acusación del Ministerio Público incurrió en un desfalco de más de RD$400
millones, sin causa razonable alguna.
La cuarta se refiere a la sentencia
del 18 del mes de junio del año 2014, en la que la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia exonera de responsabilidad penal a los imputados del fraude
cometido en la Dirección Nacional de Bienes Nacionales durante la gestión de
Wessin Chávez, donde conforme a una auditoría de la Cámara de
Cuentas, fueron utilizados, disipados y distraídos fondos públicos por valor de
RD$157,212.188.00.
Enumeró además la decisión
jurisdiccional marcada con el No. 226-2013, en fecha 14 del mes de febrero del
año 2013, dictada por el Juez de la Instrucción Especial de Jurisdicción
Privilegiada que declara inconstitucional el Auto No. 0005893, dictado por el
Procurador General de la República y los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 281
del Código Procesal Penal, que ordenaba el levantamiento del archivo
provisional de la investigación llevada en contra del senador por la provincia
La Altagracia, Amable Aristy Castro, investigado por prácticas de corrupción en
perjuicio del erario público.
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