Santo Domingo,
R. D.- La Procuraduría General de la República,
solicitó y obtuvo orden de arresto contra el alcalde de San Francisco de
Macorís, Félix Manuel Rodríguez Grullón, por alegados actos de corrupción
administrativa en detrimento del Estado dominicano.
A través de la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que dirige la magistrada
Laura Guerrero, también se solicitó orden de arresto contra Fior
Daliza Genao Hernández, gerente financiera y tesorera del Ayuntamiento
Municipal de San Francisco de Macorís, así como contra Jerson Nerys Lizardo
Pérez, ex encargado de nómina de dicha alcaldía.
Laura Guerrero, titular de la PEPCA informa que a los funcionarios se les imputa la violación de los artículos 123, 145, 150, 166, 167,169, 170, 171 y 174, así como 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
Laura Guerrero, titular de la PEPCA informa que a los funcionarios se les imputa la violación de los artículos 123, 145, 150, 166, 167,169, 170, 171 y 174, así como 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
“Estos son datos tomados como indicadores
dentro de una gama de otras irregularidades detectadas en el informe de la
Cámara de Cuentas, que son pruebas fehacientes que justifican y avalan nuestro
solicitud de arresto, allanamiento, así el inicio de un proceso legal contra
los imputados, quienes haciendo uso de sus funciones, cometieron los hechos
presuntamente de coalición de funcionarios, falsedad, uso de documentos falsos,
prevaricación, desfalco, concusión, abuso de confianza y asociación de
malhechores, infringiendo así lo dispuesto en el Código Penal Dominicano,
en franco perjuicio del Estado, en diferentes actos que envuelven más de 100
millones de pesos”, expresa Laura Guerrero Pelletier.
Mediante investigación realizada por el
Ministerio Público se pudo comprobar que en el período comprendido de enero
2007 a noviembre 2011, en el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de
Macorís, los imputados realizaron un fraude electrónico en la nómina del
personal de dicha alcaldía, por un monto aproximado de 25 millones de pesos,
cuya irregularidad fue reflejada por auditoría de la Cámara de Cuentas.
Entre las pruebas obtenidas tras las
investigaciones del Ministerio Público se destaca que “hubo pagos realizados
sin soportes justificativos de más de 8 millones de pesos según se observa en
la página 75 del informe presentado por la Cámara de Cuentas, así como la falta
de registro del pasivo de los compromisos contraídos con el Banco de Reservas
para el pago de la regalía pascual de los empleados, ascendentes a un monto de
28 millones, de manera que transparente las amortizaciones mensuales aplicadas.
Igualmente el informe da cuenta de que no
disponen de las tablas de amortizaciones de los préstamos para controlar los
pagos mensuales durante el período entre 2007 al 2011. En ese mismo orden se
hace constar en la página 28 las discrepancias extraídas del sistema de nóminas
del cabildo y los pagos realizados por el banco, en los meses de julio 2010 a
septiembre 2011, ascendiendo la diferencia a 11 millones 810 mil 927 pesos
dominicanos.
Se refleja además una diferencia entre registro
de lo pagado y las afirmaciones a terceros en la página 84 de la auditoria,
haciendo constar que la Alcaldía pagó entre capital e intereses la suma de 28
millones 812 mil 936 durante el 2007 al 2011, reflejando una diferencia según
las cuentas bancarias y las confirmaciones del Banco de Reservas, por un monto
de 1 millón 496 mil 221 pesos dominicanos.
Otro de los puntos que se destacan a raíz de
la investigación realizada por el Ministerio Público refiere que el
informe de la cubicación número 9 de mayo del 2012 correspondiente al
remozamiento del área externa del Mercado Municipal por un total acumulado de
12 millones 954 mil 902 pesos, confirmándose una diferencia entre los montos
pagados y ejecutados, ascendentes a 518 mil pesos, en tanto que en la
remodelación del área interna del mismo la diferencia asciende a 703 mil 592
pesos.
Igualmente hace referencia a otros montos en
situaciones semejantes relacionadas con el remozamiento de la avenida Manuel
Aurelio Tavares Justo (salida de Nagua hasta la entrada de Briquetas), que
arroja una diferencia entre pagado y ejecutado de más de 950 mil pesos.
Entre las irregularidades, la PEPCA cita además
la construcción de la escultura monumental, Icono de San Francisco de Macorís,
en la que se observa diferencia entre pagado y ejecutado de más de un millón de
pesos, así como otras diversas obras que resultan sobreabundantes.
En informe legal de la Cámara de Cuentas revela
entre sus detalles en base al informe definitivo, que en los períodos
auditados, la entidad reflejó una erogación de más de 5 millones de pesos a
favor de empleados que no desempeñan funciones a beneficio del cabildo.
La entidad auditada emitió cheques duplicados a
favor de diferentes beneficiarios por más de 800 mil pesos y pagos sin soporte
por más de 8 millones de pesos entre el 2007 al 2011, entre otros movimientos y
actos que en su totalidad, envuelven más de 100 millones de pesos malversados.
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