Posición de las
entidades municipales sobre destitución alcalde de La Romana
Santo Domingo, D.N.- Tras una reunión
realizada en la sede principal de la Federación Dominicana de Municipios
(Fedomu), con la participación del Presidente y del Director Ejecutivo de dicha
entidad, señores Juan de los Santos y Víctor D`Aza, así como con la presencia
del ingeniero Johnny Jones, Secretario General de La Liga Municipal Dominicana
(LMD), el licenciado Julián Roa, Presidente de la Asociación Dominicana de
Regidores (Asodore) y el secretario nacional de Asuntos Municipales del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD), Ingeniero Ignacio Ditren, reafirmaron el compromiso
del Estado Dominicano a favor de la transparencia y buen manejo de los recursos
públicos, que debe llevar a cabo la Contraloría General de República, la Cámara
de Cuentas y demás instancias en la tarea de conseguir dicho objetivo.
En
ese marco, mostraron su preocupación en relación a la decisión tomada por el
Concejo de Regidores del ayuntamiento de La Romana, quien en fecha 23 de
septiembre emitió un ordenanza suspendiendo de sus funciones al alcalde de esa
localidad, amparado en el artículo 44 de la ley 176-07, del Distrito Nacional y
los Municipios, sobre la base de proteger los intereses municipales y que su
gestión se realice de acuerdo a lo que la legislación ordena.
Se
identificaron con el interés de proteger el buen uso de los recursos públicos.
Sin embargo, entienden que la ordenanza, amparada en el Art. 44 de la Ley
176-07 establece un precedente que violenta el artículo 69 numeral 3 de la
Constitución de la República Dominicana (presunción de inocencia mientras no se
prueba su culpabilidad) y por tanto, dicho artículo 44 de la Ley pudiera ser
nulo de pleno derecho.
Finalmente,
las entidades informan que en los próximos días se conformará una comisión para
entrevistarse con el presidente del Tribunal Constitucional a fin de que este
órgano apoye a la Municipalidad dominicana en la interpretación de las
discrepancias surgidas con la Ley Municipal tras la aprobación de la
Constitución en 2010.
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