Pinden intervenir Comedores Económicos

FJT pide a Contraloría,  Contrataciones  Públicas y Vincho Castillo intervenir Comedores Económicos

SANTO DOMINGO, R. D.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) demandó hoy de la Contraloría General de la República, a Contrataciones Públicas y al Dr. Marino Vinicio Castillo, la urgente intervención de los comedores económicos, a los fines de verificar y establecer responsabilidades sobre las irregularidades y violaciones a las leyes, denunciadas y documentadas por Nuria Piera en su programa de investigación periodística, que se transmite por Color Visión en el canal 9 los sábados y se retransmite los lunes en la noche en especial para N-CDN.

Trajano Vidal Potentini, presidente de Justicia y Transparencia, condenó el manejo poco transparente y violatorio a la ley 340-06 sobre compra y contrataciones de bienes y servicios con el estado, que conforme a las evidencias y documentos presentados por Nuria Piera, viene materializando el señor Monchi Rodríguez desde la dirección de los Comedores Económicos.

La entidad de sociedad civil lamentó el desconocimiento, la violación e inobservancia dada por algunos funcionarios públicos al denominado Código de Pautas Éticas del Presidente Danilo Medina, mediante el cual todos los funcionarios del gobierno se comprometen a servirles a las personas y a la sociedad en su conjunto, con honestidad, equidad, eficiencia y transparencia.

La FJT le recuerda al señor Rodríguez de los comedores económicos que el objetivo del Presidente Medina con la elaboración suscripción y firma del el Código tubo el propósito de hacer un gobierno ético y moral, transparente, basado en la justicia social; sin tráfico de influencia, fortaleciendo los derechos, y dejando bien claro que “todos los ciudadanos son iguales ante la ley y para la ley…”.

Asimismo la fundación cree oportuno el seguir recordándoles a las autoridades de los comedores económicos, que el Código prohíbe a los funcionarios el utilizar todo tráfico de influencia, así como a realizar cualquier actividad que afecte la imparcialidad de las prácticas públicas o comprometan la moralidad gubernamental.