Corrección del déficit fiscal por la
vía del gasto
La matriz anexa
demuestra que hay posibilidades de corrección del déficit fiscal por vía del gasto por mas de cien mil millones de
pesos, proporcionando margen suficiente para reducir el nivel de RD$57 311 semestral
reconocido en el RESULTADO PRELIMINAR DE LA ECONOMA DOMINICANA para el semestre
enero-junio a niveles manejables.
Para el cálculo del
rango de posibilidades tomamos como referencia el año 2006 por dos razones: (1)
fue el último en que el actual Presidente de la
República formó parte del gobierno y (2) el nivel de gasto incurrido por
el gobierno anterior durante el primer semestre del año en curso fue semejante
al gastado durante todo aquel año.
Estas
posibilidades están referidas a cada uno de los 10 items contenido en nuestra
pasada comunicación, estableciendo rangos máximos y mínimos posibles en función
de la metodología que en cada caso se explica:
Medidas de
austeridad adoptadas recientemente por el gobierno. Acogemos estimaciones
mínimas del Ministro de Economía y la
máxima atribuible al economista del PRD Yvan Rodríguez.
Reducción de burocracia. La
nómina del gobierno central del 2006 a la fecha se incrementó en unos 100 000
puestos de trabajo de conformidad con datos de la CGR.
La opción mínima
se alcanzaría llevando los gasto al nivel del 2006, incrementándola con el 48%
de incremento del IPC y comparándola con el nivel proyectado en servicios
personales estimado para todo el año partiendo del primer semestre
La opción máxima
fue construida partiendo del sueldo promedio de hoy (RD$18 700 mensual)
aplicada al número de personas empleadas en el 2006. Esto no debe lograrse con cancelaciones
masivas sino exigiendo constancias (acta de notoriedad o declaración jurada) de
que el personal incrementado este cumpliendo la ley de función pública en sus
disposiciones relativas a regularidad de designación, cumplimiento de jornada
de trabajo y obediencia a prohibiciones en ella establecida.
Auditorías en
inversiones fija. Recomendamos un cotejo entre pagos efectuados contra avances física de obras y bienes suplidos. La
inversión fija durante el primer semestre ascendió a 63 430 MRD$. Para nadie es
un secreto el aceleramiento de las construcciones para fines de inauguración
durante el primer semestre así como el adelanto de pagos y suministros por lo
cual es posible suponer un entorno de reducción entre el 20 y 30% de la
inversión fija que determinan los valores mínimos y máximos a considerar. Casos
como la inversión en Haití, que superó los mil millones de pesos en el
presupuesto 2012, ya ejecutado eventualmente pagado, no deberían volver a
presentarse.
Para las
adquisiciones de bienes y servicios se siguió un criterio similar de reducir
las compras en un 20% para la opción
mínima. La opción máxima se basó en llevar el nivel de compras al observado en
2006 determinado mediante la diferencian entre la anualización de lo comprado
en el semestre y el valor del 2006 ponderando el 48% del IPC
Depuración de
transferencias corrientes para financiar gastos encubiertos a través de
“subsidios”, siendo el principal el del sector eléctrico que pudiera ser
reducido rectificando mejorando los sistemas de compra y venta de energía y las
diferencias de precios que él induce. Según el INFORME DE DESEMPEÑO de la CDEEE
para el año 2011 el sistema eléctrico dominicano administró unos 13 000 GWh
originados en la combustión de fuel oil, gas natural, carbón e hidráulica. La hidráulica fue vendida a US$0.10/Kwh un
precio relativamente similar al de ofertas internacionales. La CDEEE compró
energía a US$0.1926 mientras vendía a US$0.1559, es decir, perdía 3.6 cents. de
US$ por cada Kwh generando un déficit de 33 000 millones de pesos dominicanos.
Las EDES compraron energía cerca de 18 cents de US$ mientras la vendía a 20.5. En base a estos números, si los compradores de
energía redujeran el precio de compra al que la venden las hidroeléctricas la
disminución de compras (13000*.08*39) sería superior el déficit.
Sobre este tema
es mucho lo que se ha hablado – ataduras a contratos rescindidos, sobre precios
a generadores por 500 MUSD, venta de energía por empresas generadoras a otros
compradores a precios más bajos, etc - En adición a lo citado relacionado con
los precios entre hidroeléctrica, surgen preguntas como el porque la CDEEE tiene
un déficit tan elevado si solo participación en la comercialización de la
energía en un 15%; por que compra energía un 10% mas cara que las EDES y porque si la
matriz ha cambiado hasta el punto que con combustible caro (fuel oil) ya no
produce ni la mitad del total, los costos y precios no se han reducido.
Esto obliga
revisar éstos sistemas con la intención de reducir costos de energía comprada a
los generadores. Por cada centavo de dólar
que se logre reducir el precio de la energía comprada ante un mercado de 13 000
Gwh anuales se lograría una economía de unos 5000 millones de pesos
dominicanos. Hemos supuesto pues un
precio promedio situado entre el de compra de las EDES y el de venta de las
hidroeléctricos, que coincide con el predominante en países desarrollados, y
calculando que se pueda lograr un punto intermedio en 10 y 18 centavos de dólar
para el precio de compra a generadores implicando una reducción de 4 centavos
de dólar.
La opción máxima
de reducción de transferencias quedaría se limitaría a llevar las
transferencias al nivel consignado en el presupuesto 2012, pudiendo afectar
otros renglones sensibles vinculados al transporte y a las ONG.
Reenfoque de
subsidios sociales. Los subsidios sociales fueron presupuestados en más de diez
mil millones de pesos. Dado lo significativo de éstos aportes y el énfasis que
el presente gobierno le ha dado a las PyMES es posible renfocar dichos
subsidios hasta convertirlos en inversiones a un ritmo de un 25% cada año para
que al final del período constitucional los mismos quedan eliminados. Como éste
programa dispone de financiamiento externo y el gobierno ha llegado a acuerdos
con la banca privada, su capitalización puede derivar en disminución de gastos
públicos con recursos propios .
Transferencias
de capital para eliminar fungibilidad financiera. El gobierno central suele
financiar inversiones a favor de instituciones que a su vez tienen asignaciones
globales previstas en el presupuesto de la nación o que disponen de fuentes
para generar suficientes recursos propios. Tal es el caso de la LMD, UASD,
corporaciones de acueductos, INVI, INDRHI, etc. Esta práctica ignora el sentido
de la fungibilidad del dinero perdiendo de vista que libera compromisos de las
instituciones que las inducen a gastar mas de lo que soportan sus recursos propios o asignados en el presupuesto.
El hecho que la burocracia en organismos descentralizados se haya incrementado
en 175 000 personas del 2006 a la fecha, un
75% mas que el gobierno central,
demuestra la veracidad e importancia de ésta afirmación. Por eso que postulamos
la reducción de las transferencias de capital que inducen a las autonomías a
gastar en partidas corrientes entre un 20% de lo presupuestado como opción mínima y como máximo
ceñirse a lo presupuestado en función de la anualización de la ejecución
presupuestaria del primer semstre.
Reducción del
servicio de la deuda: durante el primer trimestre del año el resultado preliminar
de la economía evidenció que los intereses por la deuda interna eran crecientes
hasta superar los 100 MRDP diarios. Ante este nivel es posible obtener
economías en el pago de intereses entre un 10 y un 20 % en base a entendimiento
con acreedores. Alternativas como la conversión de deuda en inversiones y el
canje inmobiliario no deben descartarse para obtener una disminución del
efectivo a pagar por el Estado.
Declaración de
utilidad pública. Incluimos éste concepto ante la posibilidad de devolución de
activos financieros irregularmente adquiridos por parte de funcionarios
públicos en función de sus declaraciones juradas de bienes, instrumento que fue
constitucionalizado mediante el artículo 164.3, consignándose la “obligación de
probar el origen de los bienes”. No se
fija montos en éste concepto pues dependerá de las declaraciones de
funcionarios que apenas comienza a cumplir el plazo de 30 dias fijado por la
ley.
Reducción del “gasto
tributario”. Este tema se ha sobredimensionado, en cierta forma para desviar la
atención o ir creando condiciones propicias para propósitos aviesos como podría
ser la eliminación de exenciones a productores establecidos por leyes puesto que principal “gasto tributario” está
constituido por las exenciones al ITBIS.
De todos modos creemos que hay márgenes para reducir el nivel de 118 000 que se
ha planteado conforme, entre un 10 y 20 %, conforme la siguiente secuencia:
Eliminación de
exoneraciones concedidas por vía administrativa, que se les haya agotado el
período concedido o que hayan incumplido las condicionalidades
Eliminación de
las discrecionalidades tributarias establecidas por organismos recaudadores
mediante tasas arbitrarias que modifican las dispuestas en las leyes.
Revisar las
prácticas administrativas que inducen evasión en el sector privado, como la
duplicidad de facturas y fijación de valores,
Revisar la
evasión en el sector público consistente en no ingresar totalmente al TESORO NACIONAL ingresos cobrados por
instituciones por la prestación de servicios, por decisión administrativa de
titulares,
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