Los encuentros contaron con la participación de representantes del sector público, la sociedad civil y organismos internacionales.
Santo Domingo. El Consejo Nacional
para la Niñez y Adolescencia (CONANI), junto al Gabinete de Niñez y
Adolescencia (GANA), realizó cinco encuentros de socialización para presentar
los resultados del diagnóstico y las primeras propuestas de modificación de la
actual Ley 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección y los
Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Las jornadas estuvieron dirigidas a
instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil,
asociaciones sin fines de lucro, organismos internacionales, academias, gremios
profesionales, juristas, abogados y representantes del Poder Judicial y del
Ministerio Público, con el objetivo de validar los resultados del diagnóstico,
y presentar las principales líneas hacia las que se orientan las propuestas de
reforma.
Desde el pasado 16 de febrero hasta el 5
de marzo, el equipo consultor presentó las propuestas de actualización de tres
de los libros que conforman el Código para el Sistema de Protección y Derechos
Fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
En los espacios de diálogo, las
instituciones formularon diversas recomendaciones. Entre los planteamientos más
recurrentes se destacó la necesidad de contemplar el abordaje de distintas
manifestaciones de violencia que afectan a la niñez y la adolescencia; así como
revisar y mejorar los procedimientos vinculados al ámbito familiar.
Asimismo, se reiteró la necesidad de
operativizar el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes,
promoviendo mecanismos claros que permitan escuchar su voz en el entorno
familiar, escolar, judicial y en la sociedad en general.
Otro de los aspectos identificados en el
diagnóstico y reiterado por los participantes, es la necesidad de fortalecer la
articulación entre las entidades que integran el Sistema Nacional de
Protección. Las discusiones evidenciaron que una respuesta más eficaz frente a
situaciones de vulneración de derechos requiere mecanismos de coordinación más
claros, intercambio oportuno de información y rutas de actuación compartidas
entre las distintas instituciones del Estado.
Esta fase de validación representa un
momento clave en el proceso de reforma, al hacer la puesta en común de un
análisis realizado durante más de tres meses, en el que también participaron
más de 70 organizaciones.
Participaron instituciones de distintos
sectores comprometidos con la protección y el bienestar de la niñez y la
adolescencia. Desde el sector gubernamental, contribuyeron entidades como el
Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), el Gabinete de la
Familia, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia
(INAIPI), el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), el Seguro
Nacional de Salud (SeNaSa), la Procuraduría General de la República, a través
de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (DINNAF) y
(FNNA), el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo.
También se contó con el apoyo de
organismos internacionales y de cooperación, entre ellos el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Plan International y World Vision.
Desde la sociedad civil y organizaciones sin fines de lucro, participaron la
Coalición por la Infancia, Aldeas Infantiles SOS, Buckner Dominicana, New Hope,
Pro-Infancia, Red de Misericordia, Casa Abierta, Fundación Abriendo Caminos,
Fundación La Merced, la Asociación Dominicana de Padres Adoptivos (ADOPTRASOC)
y otras. Asimismo, tuvieron representación instituciones como la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD), la Sociedad Dominicana de Pediatría, OMG Legal y abogados privados,
mientras que el sector empresarial estuvo representado por el Consejo Nacional
de la Empresa Privada (CONEP).
Esta amplia participación multisectorial
fortaleció el proceso de construcción conjunta de los contenidos a ser
incluidos en la propuesta.
