SANTO DOMINGO, D.N. – El Gabinete de Niñez y Adolescencia, presidido honoríficamente por la primera dama de la República, Raquel Arbaje, y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), bajo el liderazgo de su presidencia ejecutiva y con el firme respaldo del Comité Consultivo de Alto Nivel del que también forman parte el Ministerio de la Presidencia, Suprema Corte de Justicia, Ministerio Público, UNICEF y Visión Mundial avanza en una amplia jornada de socialización para la reforma de la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. Este proceso busca consolidar un marco legal moderno, participativo y técnicamente sólido que garantice el bienestar integral de la niñez y la adolescencia en el país.
El proceso de
validación también ha integrado a actores clave de la sociedad civil y
comunidades de fe. En un encuentro de alto nivel, la primera dama de la
República y presidenta honorífica del Gabinete para la Niñez y la Adolescencia
(GANA), Raquel Arbaje, encabezó junto a la presidenta del CONANI, Ligia Pérez
Peña y el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE),
Feliciano Lacen Custodio, una sesión de trabajo para analizar el impacto de la
reforma en el fortalecimiento de la familia.
La participación
de la Primera Dama subraya la prioridad política y social que el Gobierno
otorga a la protección de los entornos donde crecen niños, niñas y
adolescentes. En este espacio, se aclararon inquietudes y se recibieron
recomendaciones orientadas a enriquecer la propuesta frente a los desafíos
actuales de la sociedad.
Durante el inicio
de estos diálogos con sectores estratégicos, la presidenta ejecutiva del CONANI
destacó que estos encuentros marcan un hito en el proceso de reforma.
“Este es el primer
encuentro de socialización que realizamos teniendo ya la propuesta de borrador
compartida con ustedes y los distintos actores relacionados al Sistema Nacional
de Protección. Estamos impulsando un proceso participativo, convencidas de que
una mejor normativa se construye escuchando a quienes tienen la responsabilidad
de proteger derechos cada día”, afirmó Pérez Peña.
Como parte de este
encuentro con representantes del CODUE también se encontraban presentes el
pastor Ezequiel Molina Sánchez, del Ministerio Mahanaim; Gabriel Paulino, de la
Asociación Adventista; Julio Morales, presidente de la Asamblea de Dios y
Miguelina Martínez, presidenta de la Confraternidad de la Isabelita, quienes
valoraron positivamente la iniciativa y se comprometieron a leer a profundidad
el proyecto para remitir sus consideraciones.
En el marco del
segundo encuentro de intercambio técnico, realizado en la Escuela Nacional de
la Judicatura, con la participación de jueces y fiscales de niñez y
adolescencia, la directora ejecutiva del CONANI, Alexandra Santelises, reafirmó
que el documento presentado es una pieza viva sujeta a mejoras por parte de
todos los actores del Sistema Nacional de Protección.
“Esto es un
borrador, no una propuesta definitiva y para la que van a tener la oportunidad
de proponer cambios y hacer un ejercicio amplio de validación a lo interno del
poder judicial y de la Procuraduría General de la República. Es un anteproyecto
que surge como parte de un ejercicio democrático del que han participado desde
el principio”, sostuvo Santelises.
De su lado, la
magistrada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, Vanessa Acosta
Peralta, valoró la sensibilidad del proceso señalando que, en el ámbito de la
niñez, la labor implica “asegurar trayectorias de vida dignas y oportunidades
reales para el porvenir”.
La propuesta de
reforma y actualización de la Ley 136-03 abarca innovaciones fundamentales,
tales como la prohibición absoluta del castigo físico y psicológico, la
creación de garantías específicas en el entorno digital y un enfoque robusto en
el desarrollo de la salud mental de los menores de edad.
Tras estas
primeras jornadas de socialización, además de otras que se estarán realizando
las próximas semanas, el CONANI continúa trabajando para presentar una versión
definitiva ante el Poder Ejecutivo y que sea el resultado de un consenso
técnico y democrático, asegurando que cada niño, niña y adolescente en el
territorio nacional cuente con un sistema de protección eficiente y oportuno.
