El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) considera necesario precisar que la adolescente de iniciales J. G., de 13 años, vinculada a la desaparición de un niño de cuatro años en el sector Los Tres Brazos, posteriormente localizado junto a esta en Capotillo, fue ingresada al Sistema Nacional de Protección el 23 de septiembre del 2026, en cumplimiento de una solicitud del Ministerio Público, ante una vulneración de sus derechos en el entorno familiar.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, previo a su entrada al
Sistema de Protección, la adolescente, quien se presume que padece de una
condición de salud mental, hizo salida no consentida de un hospital. Después,
estando en el programa de atención residencial de la asociación sin fines de
lucro Fundación Cristiana Ama a Tu Prójimo, realizó varios intentos de salidas
no consentidas, algunos de ellos efectivos. La última se produjo el 28 de
septiembre y se notificó al Ministerio Público y a las instancias
correspondientes, activándose las coordinaciones y actuaciones de seguimiento
para procurar su ubicación y reingreso a un centro de acogida.
El 30 de septiembre el hospital Marcelino Velez notificó a nuestra
oficina municipal Santo Domingo Norte que la adolescente se encontraba en el
centro hospitalario.
Luego, el 1 de octubre, desde el Departamento de Trabajo Social del
Hospital Robert Reid Cabral comunicaron que la adolescente se encontraba dentro
de sus instalaciones y de inmediato se coordinó con el Ministerio Público, con
la finalidad de aplicar la medida de protección. No obstante, al momento de
hacer el abordaje, el centro hospitalario informó que se había producido una
salida no consentida de la adolescente.
Sin embargo, es necesario reiterar que los programas de atención
residencial son espacios de protección, no de privación de libertad. Su
finalidad es brindar cuidado, acompañamiento y atención especializada a niños,
niñas y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados o que se encuentran en
situación de riesgo. Las salidas no consentidas ocurren cuando los menores de
edad abandonan las instalaciones de los centros de acogida por iniciativa
propia (a veces vinculadas a perfiles de alta complejidad conductual o hábitos
de vida en la calle).
Sobre los hechos relacionados con el niño de cuatro años, corresponde al
Ministerio Público desarrollar las investigaciones y determinar las
responsabilidades que procedan, respetando el debido proceso.
Finalmente, es importante exhortar a un tratamiento cauteloso de las
informaciones sobre el caso, atendiendo a la condición de persona menor de edad
de la adolescente señalada, cuyas circunstancias deben ser abordadas por las
instancias correspondientes sin anticipar conclusiones.
Mientras tanto, la adolescente se encuentra bajo custodia de la Policía
Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes (PNNA), en espera del conocimiento
de una solicitud de medida cautelar a instancia del Ministerio Público. El
CONANI estará formando parte del equipo de representación legal en la audiencia
de la adolescente.
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